Un juez de garantía de Arica, en Chile, dispuso suspender por 60 días la destrucción de la madera boliviana incautada en ese país y abrió la posibilidad de realizar un peritaje independiente para verificar la presunta presencia de sustancias controladas en la carga forestal. Además, ordenó levantar la reserva de la investigación, de acuerdo con lo informado por el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
Rodríguez manifestó su conformidad con las resoluciones adoptadas durante la audiencia y sostuvo que responden a los pedidos formulados por el sector maderero exportador, empresarios y autoridades bolivianas. Según explicó, estas determinaciones permitirán frenar nuevas incineraciones, pedir un análisis independiente de las contramuestras y acceder a los antecedentes del proceso, que hasta ahora permanecían bajo reserva.
La definición sobre un nuevo peritaje quedó fijada para el jueves 29 de octubre, fecha en la que deberá resolverse qué laboratorio u organismo estará a cargo del examen. La revisión buscará establecer si existen elementos técnicos que confirmen o descarten la presunta presencia de sustancias controladas en la madera exportada desde Bolivia.
El juez también autorizó que las defensas soliciten un análisis con otro laboratorio estatal y que un perito químico privado participe en el procedimiento. En ese marco, el abogado de los exportadores, José Antonio Villalobos, señaló que la suspensión de la destrucción de la mercancía puede ser prorrogada en función de los resultados de los nuevos análisis y de los antecedentes que se incorporen al proceso.
El caso se originó el 8 de junio, cuando el fiscal regional de Arica informó sobre la incautación de 108 toneladas de madera presuntamente impregnada con sustancias controladas, dentro de un cargamento de más de 1.000 toneladas de productos forestales bolivianos destinados a mercados de ultramar.
De acuerdo con el IBCE, la retención afectó a 23 empresas exportadoras y a cerca de 60 contenedores. La entidad calcula que el perjuicio económico asciende a 50 millones de dólares. A ello se suma la preocupación por el impacto que el caso podría tener en la reputación del sector forestal boliviano, así como en la pérdida de clientes internacionales y en el empleo ligado a la cadena productiva maderera.
Las empresas afectadas han cuestionado la representatividad de las muestras utilizadas para sustentar la presunta contaminación de los cargamentos y han pedido nuevas comprobaciones técnicas. Entre sus observaciones mencionan los métodos de análisis empleados y la posibilidad de contaminación cruzada. Desde Bolivia, en tanto, se sostiene que los resultados reportados podrían corresponder a falsos positivos.
Rodríguez afirmó que las decisiones judiciales permitirán revisar las pruebas y las actuaciones desarrolladas durante la investigación. También insistió en que se respeten las garantías del debido proceso y los acuerdos internacionales que regulan el tránsito comercial boliviano por territorio chileno.
