En un contexto de creciente tensión política en Bolivia, el juez Diego Campero García, titular del Juzgado Público Mixto de El Torno, ha emitido una medida cautelar que prohíbe a los medios de comunicación la publicación de encuestas electorales. Esta resolución se produce en el marco de una acción popular interpuesta contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por María Elena Aramayo Quinteros, quien se presenta como estudiante y ha registrado su domicilio en La Guardia.
La decisión del juez ha generado un intenso debate, especialmente porque fue anunciada a pocas horas de los debates entre candidatos a las gobernaciones de cinco regiones, programados para la segunda vuelta electoral. La medida ha sido interpretada por muchos como un intento de censura a la prensa nacional. Uno de los críticos más destacados ha sido el senador Leonardo Roca, quien no tardó en manifestar su desaprobación en redes sociales. Roca argumentó que la acción del juez representa el inicio de un control sobre la información y cuestionó la legitimidad del fallo al sugerir que Campero García tiene antecedentes de actuaciones judiciales dudosas.
El senador hizo un llamado al presidente del Consejo de la Magistratura para que se investigue tanto al juez como a su juzgado. Subrayó que la libertad de expresión es un principio innegociable en una democracia y enfatizó que los medios tienen el derecho y deber de informar, mientras que corresponde al pueblo tomar decisiones informadas.
Según la resolución del juez Campero, el TSE fue notificado para que su presidente, Gustavo Ávila, asista a una audiencia virtual programada para el 17 de abril, solo dos días antes de las elecciones. La advertencia incluyó posibles sanciones económicas si Ávila no se presenta.
La demanda presentada por Aramayo Quinteros pone sobre la mesa preocupaciones relacionadas con la confianza ciudadana en las encuestas electorales. Se argumenta que existe una discrepancia entre los resultados anticipados por estas encuestas y los resultados finales en las urnas, lo cual podría afectar negativamente la decisión del votante. En este sentido, se sostiene que la difusión irresponsable o sesgada podría influir en el proceso electoral y vulnerar derechos fundamentales.
Desde una perspectiva legal, expertos como el abogado constitucionalista José Luis Santistevan han expresado su preocupación por esta decisión judicial. Santistevan señala que la medida establece un precedente peligroso al poner en riesgo derechos fundamentales relacionados con la información y comunicación. Además, apunta a que dicha resolución contradice lo establecido por la ley electoral 026, que garantiza el derecho a difundir encuestas hasta un domingo antes del acto electoral.
En resumen, esta situación refleja no solo un conflicto entre poderes judiciales y electorales, sino también una lucha más amplia sobre la libertad de expresión y el acceso a información veraz durante un periodo electoral crucial.
