En Bolivia, bloquear vías de comunicación como carreteras, autopistas, avenidas o calles durante protestas sociales no está tipificado como delito penal, una característica que lo distingue en la región. Actualmente, el Legislativo analiza varias iniciativas que buscan modificar esta situación, estableciendo sanciones penales para quienes participen, financien o promuevan bloqueos de caminos.
Una de las propuestas más avanzadas es el denominado proyecto de “ley antibloqueos”, que penaliza el cierre intempestivo de rutas tanto en áreas urbanas como rurales. Además, contempla castigos severos para quienes utilicen violencia extrema, incluyendo explosivos o armas de fuego, con penas que oscilan entre tres y hasta 30 años de privación de libertad, el máximo permitido por la Constitución.
Este proyecto cuenta con amplio respaldo en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados y también ha recibido el apoyo del Ejecutivo. El presidente ha enfatizado que el uso de explosivos durante movilizaciones será sancionado con prisión. La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Alarcón, perteneciente a la alianza Unidad.
La propuesta define claramente los delitos y las penas asociadas a quienes bloqueen rutas e impidan la libre circulación. Por ejemplo, quienes participen activamente en los bloqueos podrían enfrentar de tres a seis años de cárcel. Para quienes promuevan, financien, organicen o dirijan estas acciones, la pena aumentaría a un rango de cinco a ocho años. En casos donde se cometan actos violentos contra personas o bienes públicos y privados durante las protestas, las sanciones se elevan de 10 a 20 años, pudiendo acumularse hasta un máximo de 30 años de prisión.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados también ha planteado la implementación de incentivos económicos para los policías que intervengan en la primera línea para controlar los bloqueos, argumentando que estos agentes arriesgan su vida en estas circunstancias.
Paralelamente, en la Cámara de Senadores se presentó otra iniciativa que modifica el Código Penal para aumentar las penas por atentados contra la seguridad del transporte y castigar toda forma de bloqueo. Este proyecto propone sanciones de entre ocho y diez años de cárcel para quienes participen en bloqueos. Dado que no fue analizado en el tiempo previsto, se conformó una comisión conjunta para evaluar esta propuesta y buscar su unificación con otras iniciativas similares en coordinación con la Cámara de Diputados.
Una tercera propuesta, elaborada por el diputado Luis Laredo, busca alcanzar un balance constitucional que proteja la protesta pacífica pero evite medidas extremas que afecten la libre circulación y provoquen daños significativos a la productividad y la salud pública.
En contraste, la Central Obrera Boliviana ha expresado su rechazo a la criminalización del bloqueo, señalando que esta medida es un recurso extremo utilizado cuando el Estado no ofrece canales efectivos para el diálogo. En su comunicado, la organización sindical subraya que el bloqueo debe entenderse como un último recurso para ser escuchados y no como un simple delito.
Las recientes protestas organizadas por la Central Obrera contra el Decreto 5503, que eliminaba la subvención a los combustibles y fue finalmente abrogado, generaron pérdidas económicas estimadas en 120 millones de dólares durante seis días de bloqueos. Estas acciones se dieron tras semanas de negociaciones infructuosas con el Gobierno nacional, evidenciando la compleja dinámica entre las movilizaciones sociales y las políticas estatales
