En el tercer día consecutivo de bloqueos indefinidos en varias rutas del país, las protestas mostraron un desplazamiento hacia zonas históricamente vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS), especialmente aquellas alineadas con el expresidente Evo Morales, según indicaron autoridades regionales y figuras políticas.
El foco principal de las manifestaciones se concentró en El Alto y áreas estratégicas alrededor de La Paz, mientras el Gobierno mantenía un diálogo delicado con la Central Obrera Boliviana (COB) para intentar superar el conflicto generado por el Decreto Supremo 5503.
Durante la jornada anterior, no se registraron movilizaciones en el centro de La Paz, coincidiendo con las negociaciones entre el Ejecutivo y la dirigencia sindical. El secretario ejecutivo de la COB manifestó que el Gobierno propuso la derogación de 19 artículos del decreto, pero la viceministra de Autonomías aclaró que el Ejecutivo solo aceptará modificaciones formales en 35 puntos, sin alterar el núcleo del decreto ni la eliminación del subsidio a los combustibles.
El Decreto Supremo 5503, vigente desde mediados de diciembre, elimina la subvención a los hidrocarburos, medida que, según el Gobierno, genera un ahorro aproximado de 10 millones de dólares diarios y responde a una emergencia económica destinada a atraer inversiones y divisas. El Ejecutivo ha reiterado que este aspecto es innegociable.
Los bloqueos más persistentes se mantuvieron en regiones donde el MAS, y en particular el sector afín a Morales, conserva un fuerte control sindical y territorial, como El Alto, el Chapare, Yapacaní, San Julián y corredores clave en La Paz. En estas áreas, no se aceptaron ajustes parciales, y la demanda principal fue la abrogación total del decreto que elimina el subsidio.
La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, base social de Morales, confirmó su adhesión a los bloqueos nacionales, intensificando la presión sobre las rutas estratégicas. Este respaldo evidenció la división política en el conflicto: mientras algunos sectores no vinculados al evismo mostraron disposición al diálogo, los grupos más radicalizados endurecieron sus posturas.
El fin de semana anterior, durante movilizaciones de la COB y del magisterio, militantes identificados con el MAS fueron expulsados de algunas protestas y señalados como responsables de la crisis que llevó al presidente a eliminar la subvención. Este repliegue provocó un reagrupamiento en La Paz y El Alto, donde dirigentes campesinos incluso solicitaron la renuncia del mandatario.
Desde Santa Cruz, el segundo vicepresidente del Comité Cívico expresó críticas hacia la reaparición de la COB tras dos décadas y denunció intereses políticos detrás de los bloqueos en Yapacaní, San Julián y el Chapare, que afectan la producción y el trabajo. Señaló que la coincidencia territorial revela la influencia del evismo, aunque enfatizó la necesidad de resolver el conflicto mediante el diálogo y con garantías.
En Yapacaní se registraron enfrentamientos entre vecinos y dirigentes; un camión con gas licuado de petróleo logró atravesar un punto de bloqueo para abastecer a un municipio, en medio de una situación tensa.
La Paz amaneció cercada por bloqueos. En El Alto, la carretera hacia Oruro y los accesos a Copacabana y Desaguadero permanecieron interrumpidos. En la autopista entre La Paz y El Alto, mineros asalariados acataron la convocatoria de la COB para el denominado “bloqueo de las mil esquinas”, afectando principalmente a los ciudadanos comunes.
Pasajeros denunciaron agresiones en el sector altiplánico de Cala Cala, exigiendo garantías. Se reportó un incidente violento contra una persona mayor cerca de una zona industrial. En el centro de La Paz, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) mantuvo cerradas las rejas en la Plaza Murillo, aunque no se registraron marchas masivas. El sistema de teleférico se convirtió en la única vía de conexión entre ambas ciudades, generando largas filas.
La Administradora Boliviana de Carreteras informó sobre más de 30 puntos de bloqueo a nivel nacional, mientras que dirigentes afines al MAS indicaron que las interrupciones podrían estar en expansión. Seis de los nueve departamentos del país reportaron estas medidas.
En el ámbito legislativo, un diputado del Frente de Unidad atribuyó el conflicto a intereses políticos del expresidente y del vicepresidente, instando a la COB a distanciarse de su pasado pro-MAS. Otro legislador de Alianza Libre solicitó que la Asamblea Legislativa actúe como mediadora en el diálogo y cuestionó la credibilidad de la dirigencia sindical debido a su cercanía con el MAS.
En el sector sindical, un dirigente minero negó la existencia de preacuerdos, mientras que un representante de la COB confirmó la participación en las negociaciones y la necesidad de consultar a las bases sobre los artículos en discusión. Las conversaciones continuaron con reuniones en la Casa Grande del Pueblo y consultas a los distintos sectores involucrados
