José Armando Urioste Viera fue designado por la Asamblea Legislativa como fiscal general interino, en reemplazo de Roger Mariaca, quien fue destituido en medio de un proceso en su contra por tráfico de sustancias controladas, organización criminal y enriquecimiento ilícito.
La posesión del nuevo fiscal, sin embargo, quedó envuelta en incertidumbre desde el fin de semana. El presidente del Senado, Diego Ávila, que encabezó las sesiones del viernes y sábado en las que se concretó la designación ante la ausencia de Edmand Lara, señaló a la prensa que el acto protocolar se realizaría este lunes. No obstante, no precisó la hora y tampoco se conoció una convocatoria oficial para esta jornada.
La situación se complicó aún más tras el retorno del vicepresidente Lara desde Madrid, donde participó en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano. A su llegada al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, puso en duda la posesión y adelantó que no la llevaría adelante por el momento. “No lo voy a posesionar todavía, en tanto y en cuanto no me asesore y me cerciore”, afirmó.
Lara también cuestionó la legalidad del procedimiento y advirtió sobre las consecuencias de actuar fuera del marco constitucional. “Si el señor (Diego) Ávila lo quiere posesionar, allá él, pero que sepa que violar la Constitución, a la larga trae problemas”, manifestó.
Hasta las 09:00 de este lunes, no se había confirmado una convocatoria oficial para el acto, lo que mantuvo abierta la incertidumbre sobre la asunción de Urioste.
El analista político y expresidente del Senado, Óscar Ortiz, consideró en entrevista con UNITEL que la controversia responde al conflicto entre el vicepresidente Lara y el Gobierno, una situación que, según dijo, no tiene precedentes en la democracia reciente. “Hay un vicepresidente enfrentado de esta forma con su propio Gobierno y, obviamente, él tiene a cargo la conducción de la Asamblea”, señaló.
Ortiz sostuvo además que el debate de fondo no pasa por quién debe realizar el acto protocolar, sino por el hecho de que ya existe una elección por dos tercios que, a su juicio, saneó el procedimiento frente a un vacío legal no previsto en la Constitución.
Consultado sobre qué ocurriría si Urioste no asume este lunes, advirtió que el escenario se vuelve todavía más complejo, ya que las controversias deberían ser resueltas por un Tribunal Constitucional que no funciona a plenitud por la falta de miembros completos.
“Es hora de que la Asamblea Legislativa, de una vez por todas, asuma su responsabilidad y busque una solución a la situación del Tribunal Constitucional, a la situación del Tribunal Supremo de Justicia, que tampoco tiene sus miembros completos”, afirmó.
