Los empleados mineros que laboran en las empresas estatales Huanuni y Colquiri, ambas bajo la supervisión de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), perciben salarios que superan los 30.000 bolivianos mensuales, alcanzando en numerosos casos cifras superiores a los 50.000 bolivianos. Estos ingresos incluyen el salario base, bonos y otros beneficios económicos propios de su condición como trabajadores estatales.

Desde el 22 de diciembre, estos mismos trabajadores han encabezado movilizaciones en la ciudad de La Paz, manifestándose en contra del Gobierno y demandando la derogación del Decreto Supremo 5503, el cual contempla, entre otras medidas, la eliminación de subsidios a la gasolina y al diésel. Además, exigen una reducción en sus propios salarios, así como en los de senadores y diputados; en ese sentido, existe un proyecto de ley que propone disminuir los ingresos de altas autoridades y legisladores.

Una nómina con 465 empleados, a la cual se tuvo acceso, detalla los nombres, cédulas de identidad, la empresa minera a la que pertenecen y sus niveles salariales. De este total, 64 trabajadores reciben más de 30.000 bolivianos al mes; 47 tienen ingresos superiores a 31.000 bolivianos, siendo estos los niveles salariales más bajos dentro de la muestra. La lista continúa con 39 empleados que ganan más de 32.000 bolivianos mensuales; 31 superan los 33.000; 29 perciben más de 34.000; 25 tienen un salario superior a 35.000; y así sucesivamente, con varios trabajadores cuyos ingresos llegan a superar los 60.000 bolivianos mensuales. El monto más alto registrado en esta nómina es de 88.041,57 bolivianos, correspondiente a un empleado de la Minera Huanuni.

Al consultar sobre la veracidad de estos salarios, algunos trabajadores manifestaron desconocer la existencia de dicha planilla y prefirieron no emitir comentarios, señalando que la escala salarial oficial se encuentra disponible en las páginas web de las empresas mineras. Sin embargo, en los portales oficiales de Minera Huanuni y Minera Colquiri solo se publican los sueldos básicos, sin detallar los bonos o beneficios adicionales. El salario básico más alto registrado en la página de Huanuni es de 17.312 bolivianos, aunque no se especifica el año de aprobación, mientras que en Colquiri el máximo básico es de 22.000 bolivianos, con datos correspondientes a 2024.

El tema de los elevados salarios en el sector minero estatal es ampliamente conocido, según expresan exdirigentes del área que prefieren mantener su anonimato. Hace una década, en 2015, durante la gestión del expresidente Evo Morales, el entonces ministro de Minería, César Navarro, junto con Comibol y la dirigencia de Minera Huanuni, acordaron que ningún trabajador debería ganar más de 25.000 bolivianos mensuales, incluso estableciendo reducciones salariales para quienes percibían entre 30.000 y 45.000 bolivianos. Además, en esa época se implementaron diversos beneficios adicionales para la dirigencia, como infraestructura, sedes sindicales, hoteles y vehículos.

En el contexto de la eliminación de los subsidios a los combustibles, la Central Obrera Boliviana (COB), tradicionalmente liderada por un trabajador minero de Huanuni, es el único sector que rechaza esta medida. El actual dirigente, Mario Argollo, sucesor de Juan Carlos Huarachi, quien se encuentra detenido por delitos de corrupción, sería uno de los beneficiarios de los salarios más altos en la estatal minera. Intentos por obtener su versión no tuvieron respuesta.

Desde Oruro, los cooperativistas mineros también se han movilizado y han solicitado que el presidente, ministros y legisladores reduzcan sus salarios al menos a la mitad, argumentando la necesidad de que todos los sectores ajusten sus ingresos para reactivar la economía, en lugar de cargar el sacrificio únicamente sobre los sectores más vulnerables.

Las protestas de los mineros asalariados han generado rechazo entre la población paceña, que se enfrenta a bloqueos y disturbios con explosiones de petardos y dinamitas en las calles. En el ámbito legislativo, el vicepresidente Edman Lara es el único que apoya la protesta y demanda la abrogación del Decreto Supremo 5503. Por otro lado, varios parlamentarios exigen al Gobierno que actúe con firmeza contra la dirigencia de la COB, a la que acusan de mantener privilegios similares a los de la era masista.

Un diputado de la oposición ha solicitado la detención de los dirigentes de la COB para demostrar que no se tolerarán actos de corrupción ni privilegios dentro del poder sindical, calificando a la central obrera como un grupo parasitario que ha vivido del Estado durante más de dos décadas junto con los gobiernos anteriores, y que ha contribuido a la actual crisis

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