El Ministerio de Gobierno ha emitido un comunicado en el que detalla su respuesta inmediata ante la aparición de indicios de irregularidades relacionadas con la presunta liberación de 41 vuelos de avionetas, un asunto que ha suscitado un intenso debate público. Según la información disponible, se alega que estas liberaciones se habrían realizado a cambio de sumas significativas de dinero. Esta situación ha cobrado relevancia tras la difusión de un informe interno de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que menciona a un capitán vinculado al ministerio en un contexto sospechoso.
El comunicado, publicado desde La Paz, afirma que el Ministerio actuó con prontitud al enterarse de los posibles delitos. En consecuencia, decidió presentar una denuncia formal ante las autoridades policiales y el Ministerio Público, lo que llevó al inicio de una investigación contra el capitán mencionado. Este enfoque proactivo busca esclarecer los hechos y garantizar que se tomen las medidas adecuadas.
Una parte importante del mensaje del Ministerio es la justificación de no haber hecho pública su actuación en el momento en que se conocieron las irregularidades. Según la institución, esta decisión se debió a que el caso estaba bajo la dirección del Ministerio Público, encargado de llevar adelante la investigación penal y verificar los hechos conforme a lo estipulado por la ley.
El compromiso del Ministerio de Gobierno con la lucha contra la corrupción se reafirma en el comunicado, donde se establece una política de cero tolerancia hacia cualquier funcionario que incurra en conductas ilícitas. Esta postura busca no solo garantizar transparencia en sus actuaciones, sino también reforzar el Estado de Derecho en el país.
El informe interno al que hace referencia el comunicado data de febrero de 2026 y fue elaborado por un teniente que reporta una conversación con un capitán del entorno del Ministerio. En esta llamada, supuestamente se habría ofrecido una suma de 10.000 dólares por cada aeronave para facilitar la salida ilegal de los vuelos desde el departamento de Beni. Aunque el documento es reservado y carece de validación legal plena, menciona que esta comunicación podría haber sido conocida por niveles superiores dentro del ministerio.
La divulgación del informe ha generado una ola de cuestionamientos sobre cómo ha manejado el Ministerio las denuncias y sobre cuándo se decidió actuar al respecto. En respuesta a estas críticas, la institución ha subrayado que todas sus acciones están documentadas y son accesibles para las autoridades pertinentes.
Las investigaciones continúan avanzando y se espera que pronto el Ministerio Público emita pronunciamientos sobre las responsabilidades derivadas del caso, cuyo impacto ya está generando repercusiones políticas y planteando interrogantes sobre posibles redes involucradas en operaciones aéreas irregulares.
