El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó la detención de un minero vinculado presuntamente con el financiamiento de actividades ilegales durante las protestas que se desarrollan en el centro de la ciudad de La Paz, en rechazo a la eliminación de la subvención a los carburantes establecida por el Decreto Supremo 5503.
La captura se llevó a cabo luego de identificar a un individuo que habría facilitado recursos económicos a los grupos que protagonizaron las manifestaciones del martes. El detenido se encuentra bajo custodia mientras se realiza el conteo del dinero incautado y se investiga el destino de los fondos, así como a los posibles beneficiarios de estos recursos.
El fiscal indicó que la investigación se centra en presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, entre otros que serán definidos en la imputación formal que presentará el fiscal encargado del caso. En este sentido, se confirmó la participación de supuestos mineros en actividades ilícitas, señalando que uno de ellos habría sido responsable de administrar y distribuir los recursos destinados a sostener las movilizaciones.
En el marco de los enfrentamientos registrados durante el segundo día del paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana, al menos cinco efectivos policiales resultaron heridos tras la detonación de explosivos artesanales conocidos como cachorros de dinamita. Los agentes fueron evacuados de emergencia y reciben atención médica en el Hospital Obrero.
Los choques ocurrieron cuando grupos de manifestantes, principalmente mineros, intentaron ingresar por la fuerza a la Plaza Murillo, considerada el kilómetro cero del país. La Policía informó que los heridos presentan lesiones compatibles con ondas expansivas y que se ha iniciado una investigación por el uso de explosivos en las protestas.
Además, cinco mineros fueron detenidos por presunta manipulación de explosivos, mientras que un representante de derechos humanos reportó ocho arrestos durante las operaciones de dispersión en las inmediaciones de la plaza. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se encuentran verificando la situación de los detenidos en las dependencias policiales
