Un día como hoy, en 2019, Evo Morales dejó Bolivia con destino a México después de renunciar a la Presidencia en medio de una crisis política marcada por protestas, un informe de la OEA sobre fraude electoral y un motín policial. Siete años después, el exmandatario continúa en el Chapare bajo el resguardo de sus seguidores, mientras parte del entorno que lo acompañó en el poder enfrenta investigaciones, medidas judiciales o ya se encuentra fuera del país.
Morales llegó a Ciudad de México junto con el exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra Gabriela Montaño, luego de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador les concediera protección. En paralelo, otras nueve exautoridades buscaron refugio en la residencia diplomática mexicana de La Paz, donde algunas permanecieron hasta noviembre de 2020.
Durante aquella crisis, Morales denunció un supuesto “golpe de Estado”, una lectura que fue rechazada por las movilizaciones ciudadanas que se opusieron a su intención de continuar en el poder más allá de los límites establecidos en la Constitución Política del Estado. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció además que la reelección presidencial indefinida “no era un derecho humano”, argumento que Morales había utilizado para postular a un cuarto mandato en octubre de 2019.
“Se hizo la burla del voto popular expresado en las urnas el 21 de febrero de 2016, y pretendió hacer fraude el 2019 para perpetuarse en el poder”, afirmó el constitucionalista José Luis Santistevan.
La fecha encuentra hoy a Morales en el trópico de Cochabamba, del que no sale desde 2024 debido a órdenes de aprehensión vinculadas con procesos penales. Una de las causas es por trata de personas y otra por la presunta orden de los bloqueos de julio pasado. Además, figura junto con García Linera en una investigación preliminar relacionada con las ejecuciones de 2009 en el hotel Las Américas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que García Linera salió hace días hacia Argentina, aunque el senador José Manuel Ormachea aseguró que ya estaría en México, sin presentar mayores evidencias.
Otro de los nombres asociados a esa etapa es Luis Arce, exministro de Economía de Morales, quien obtuvo asilo en México en diciembre de 2019 y luego ocupó la Presidencia entre 2020 y 2025. Actualmente cumple detención preventiva en La Paz por una investigación vinculada al Fondo Indígena.
Entre quienes buscaron protección en la Embajada mexicana también está Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, que permanece alejado de la vida pública mientras enfrenta investigaciones. Wilma Alanoca, exministra de Culturas, fue imputada este año y obtuvo medidas cautelares para defenderse en libertad. Asimismo, estuvieron refugiados Héctor Arce Zaconeta, Javier Zavaleta y Hugo Moldiz.
Las reacciones por el aniversario estuvieron marcadas por los pedidos de justicia y de esclarecimiento sobre lo ocurrido en 2019. “Aún los bolivianos no sabemos (…) qué finalmente pasó”, dijo ayer la presidenta de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, quien también cuestionó la influencia del poder político en las causas judiciales. Para Álvarez, persiste una deuda institucional con la verdad sobre esos hechos.
La presidenta del Concejo Municipal cruceño, Luisa Nayar, reivindicó la movilización contra la continuidad de Morales. Consideró que la renuncia cerró una etapa política, aunque cuestionó que el modelo de gobierno del MAS siga extendiéndose.
Jeanine Áñez, que asumió la Presidencia tras las renuncias de noviembre de 2019, sostuvo que llegó al cargo por sucesión constitucional y no por ambición personal. “La democracia no se hereda, se defiende”, expresó.
