Tarija, según la visión que expuso Adrián Ávila, necesita dejar atrás la lógica de expansión horizontal y concentrarse en ordenar el territorio que ya ocupa. El secretario de Planificación Integral para el Desarrollo del Gobierno Municipal planteó en el programa Parlamento la idea de una ciudad compacta, de densidad media, capaz de articular vivienda, movilidad, turismo y producción dentro de una misma estrategia de desarrollo.
En su diagnóstico, la mancha urbana tarijeña alcanza unas 10.456 hectáreas y todavía conserva espacios libres, por lo que expandirla no debería ser la respuesta inmediata ante la demanda de suelo. Ávila explicó que en el centro consolidado se registran 86 habitantes por hectárea, mientras que en las zonas de transición la cifra supera apenas los 50. Desde su perspectiva, la ciudad puede crecer en altura, pero ese proceso debe estar acompañado por reglas claras sobre calles, estacionamientos, agua y alcantarillado.
La mirada del secretario también se extiende al área rural. De las 244.225 hectáreas que mencionó para ese sector, 22.764 serían productivas, es decir, alrededor del 10%. Ávila advirtió que parte de esas tierras enfrenta presión por loteamientos que calificó de ilegales y sostuvo que el municipio debe proteger el suelo agrícola. En ese marco, defendió una apuesta productiva orientada a cultivos y elaboraciones de mayor valor, como uva, arándanos, frambuesas, aceitunas, quesos y vinos, en lugar de medir el desarrollo únicamente por el volumen de producción.
La propuesta municipal también incorpora al turismo como uno de los ejes de crecimiento. Sin embargo, Ávila reconoció que Tarija todavía no vive plenamente de esa actividad y advirtió que atraer visitantes sin contar con suficiente alojamiento, gastronomía y servicios puede volver efímera cualquier estrategia de promoción. Para sostener ese perfil turístico, señaló que la ciudad debe cuidar el ambiente y recuperar el ecosistema del Guadalquivir.
El funcionario fue crítico con la planificación vigente. Recordó que el plan territorial actual data de 2010 y, a su juicio, quedó desactualizado porque no fue suficientemente socializado ni respondía a la realidad local. En ese contexto, el municipio trabaja en un nuevo diagnóstico junto con el Concejo, con la posibilidad de que el nuevo plan territorial esté listo el próximo año. Ávila cuestionó además el papel de las consultorías que entregan documentos sin garantizar su aplicación y resumió su postura con una frase: “La planificación debemos hacerla nosotros, los tarijeños”.
En materia de movilidad, el proyecto más ambicioso es la segunda circunvalación, una obra de 14 kilómetros y 50 metros de ancho pensada para desviar del centro el tráfico pesado y de pasajeros. Ávila indicó que el derecho de vía ya está liberado, salvo en dos puntos, y que el alcalde busca financiamiento para ejecutar la obra. El asfaltado requeriría unos 300 millones de bolivianos. A eso se suman dos puentes sobre el Guadalquivir, uno de ellos con un costo preliminar cercano a 30 millones de bolivianos, mientras que la ubicación del segundo aún debe definirse.
El secretario también defendió la renovación del alumbrado público. Recordó que una compra de 30.000 luminarias, estimada entonces en 30 millones de bolivianos, fue frenada tras cuestionamientos por un supuesto sobreprecio. Según su versión, no se hallaron irregularidades, pero la empresa dejó de ofrecer el financiamiento y el aumento de costos obligó a reiniciar el proceso.
Ávila atribuyó los retrasos de varias obras a la suba de precios, el combustible, los reajustes salariales y trámites que pueden extenderse durante meses. Afirmó que el municipio llegó a enfrentar un déficit cercano al 40% y cuestionó que las compras deban pasar por instancias nacionales. “No sé dónde está la autonomía”, dijo. Ese escenario, señaló, impacta en proyectos de alumbrado, semaforización, empedrado y asfalto. En algunos casos, los trabajos podrían arrancar entre fines de noviembre y diciembre; en otros, quedarían para el próximo año.
De acuerdo con lo expuesto por el secretario, el diagnóstico territorial concluirá a fin de año y la propuesta del nuevo plan podría presentarse en un plazo de seis a ocho meses. Si ese cronograma se cumple, Tarija tendría una hoja de ruta para las próximas décadas. El desafío, advirtió, será convertir esa planificación en normas aplic
