El futuro de las empresas públicas deficitarias en Bolivia comenzará a definirse en aproximadamente dos semanas, cuando los siete ministerios responsables respondan a las notificaciones enviadas por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). Así lo informó su director ejecutivo, Pablo Camacho, quien explicó que en ese plazo se conocerán las determinaciones sobre las entidades bajo evaluación.
Camacho señaló que cada ministerio deberá revisar la situación de las empresas bajo su tuición y establecer las medidas que considere pertinentes. Entre las opciones que están sobre la mesa figuran la reestructuración, la fusión o la disolución de las compañías con problemas financieros. Según dijo, se espera que en 15 días exista una respuesta de cada una de las carteras involucradas.
La autoridad evitó anticipar decisiones concretas y remarcó que la OFEP aguardará el pronunciamiento oficial de los ministerios antes de informar sobre el destino de cada empresa. En su criterio, el propósito del proceso es frenar la continuidad de las pérdidas y resguardar los recursos públicos, en un contexto en el que varias entidades estatales presentan dificultades de sostenibilidad financiera.
Camacho también sostuvo que el análisis exige revisar una estructura empresarial y normativa que fue construida durante las últimas dos décadas. En ese marco, cuestionó la creación de algunos emprendimientos estatales y pidió paciencia mientras se concluye la evaluación de cada caso. Añadió que la OFEP trabaja de manera coordinada con el Ministerio de la Presidencia y con el Gobierno para definir las medidas que correspondan.
La revisión se apoya en el informe “Empresas Públicas Críticas – Datos a 2025”, presentado por la OFEP en julio. Ese documento identificó inicialmente a 15 empresas con pérdidas acumuladas por Bs 5.177,1 millones, mientras que el conjunto de las empresas públicas registraba pérdidas de Bs 12.742,8 millones. Posteriormente, el diagnóstico técnico amplió a al menos 20 las empresas consideradas en situación crítica, con pérdidas acumuladas superiores al valor de su patrimonio, según la información difundida por la entidad.
El proceso se enmarca en el Decreto Supremo 5727, que prioriza la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. Con las respuestas de los ministerios, se espera conocer qué medidas se adoptarán finalmente en cada caso y cómo quedará reordenado el mapa de las empresas estatales bajo evaluación.
