La agrupación política departamental UNIR, vinculada al sector de Oscar Montes Barzón, ha presentado una impugnación contra la lista de candidatos para el gobierno municipal que fue entregada por Víctor Hugo Zamora, aspirante a la alcaldía de la ciudad. Según Montes, la única persona autorizada para entregar documentos al Órgano Electoral en representación de UNIR es la delegada política, Esmeralda Martínez, por lo que cuestionan la validez de la lista presentada por Zamora.
Montes aclaró que el delegado de la organización ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) es quien debe realizar estas gestiones, y aunque Zamora no ocupa esa función, fue él quien entregó las listas, motivo por el cual están siendo impugnadas. Además, señaló que la lista presentada no refleja un proceso democrático interno dentro de UNIR, y criticó que esta haya sido integrada por familiares y personas vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS), lo que considera una violación al estatuto del partido.
El sector liderado por Montes espera que el TED actúe en consecuencia, desestimando la lista impugnada y aprobando la propuesta de candidatos que ellos han presentado, especialmente para el gobierno municipal de Cercado. La organización UNIR sufrió una división tras un amparo constitucional interpuesto por Zamora, quien logró mediante una resolución judicial retomar el control de la agrupación y presentar su lista, ahora cuestionada por sus adversarios internos.
Montes no reveló los nombres incluidos en su lista de candidatos, pero aseguró que se trata de militantes con años de afiliación a UNIR y que será dada a conocer en el momento oportuno.
En cuanto a la situación judicial, Montes denunció una intervención indebida del poder judicial en asuntos electorales. Explicó que en 2021, durante la ausencia de Zamora, la dirigencia de UNIR tomó medidas para renovar la dirección política conforme a su estatuto y bajo la supervisión del Órgano Electoral. Sin embargo, una vocal de justicia anuló estas acciones, otorgando la presidencia a Zamora, cuyo mandato había expirado hace seis años. Montes calificó esta decisión como una clara intromisión del poder judicial sobre el ámbito electoral
