El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la investigación en torno al caso Roger Mariaca apunta a la existencia de una presunta organización criminal que habría operado desde el interior del Ministerio Público. Según explicó, la estructura se habría dedicado a extorsionar, a cobrar por denuncias y a recibir pagos para facilitar la liberación de personas investigadas.
La autoridad sostuvo que, en el marco de las indagaciones, ya se comenzó a identificar a personas que habrían sido víctimas de amenazas, persecución y cobros ilegales. De acuerdo con su versión, el mecanismo consistía en exigir dinero a quienes presentaban denuncias y luego realizar nuevos cobros, incluso para favorecer la salida de presuntos responsables.
Oviedo señaló que la presunta red no solo estaría integrada por funcionarios, sino también por abogados y algunos policías, además de contener armas de fuego de largo alcance. En ese contexto, remarcó que Roger Mariaca debe ser investigado por su presunto papel como jefe de esta organización y no únicamente por su anterior condición de fiscal.
El ministro aclaró, sin embargo, que no corresponde extender estas acusaciones a todo el personal del Ministerio Público ni de la Policía, ya que se trataría de hechos vinculados a personas específicas. Añadió que el armamento incautado es uno de los elementos que, a su criterio, refleja la magnitud de la presunta red.
Precisó además que solo dos pistolas estaban registradas a nombre de la Fiscalía, mientras que el resto correspondía a armas de largo alcance que, según dijo, no serían habituales para las funciones de esa institución.
