La preocupación por la seguridad en las unidades educativas de Tarija volvió a intensificarse tras el incidente registrado en el colegio Esteban Migliacci, donde un estudiante de 12 años resultó herido con un arma blanca durante una jornada de clases. El hecho encendió las alertas entre las familias y abrió un nuevo debate sobre los controles de ingreso, la permanencia de personas ajenas a la comunidad educativa y las condiciones en que funcionan algunos establecimientos del municipio de Cercado.
Desde la Junta de Padres de Familia, Freddy Galarza planteó que se investigue la permanencia de trabajadores y sus familiares dentro de las unidades educativas, luego de que se conociera que el joven de 18 años señalado como presunto responsable de la agresión sería hijo de la portera del establecimiento. En ese marco, pidió además el retiro de la trabajadora, una solicitud que será elevada a las autoridades educativas para que se determine si corresponde adoptar una medida administrativa mientras avanzan las investigaciones.
El estudiante afectado sufrió una lesión en una de sus piernas y recibió atención médica tras el episodio. Según los antecedentes conocidos, su estado no revestiría gravedad y se encontraría fuera de peligro. Entretanto, la Policía inició las diligencias para establecer cómo ocurrió la agresión, qué circunstancias la antecedieron y de qué manera el joven ingresó o permaneció dentro del recinto escolar.
Para los representantes de los padres, el caso no debe limitarse a una respuesta puntual frente a lo sucedido en el Esteban Migliacci, sino que debe dar lugar a una revisión más amplia de las condiciones de seguridad en las unidades educativas de Cercado. Por eso, Galarza pidió que se investigue también a los porteros que residen dentro de los colegios junto con sus familias, con el fin de establecer bajo qué condiciones se permite esa permanencia y quién autoriza la presencia de personas que no forman parte de la comunidad estudiantil.
La inquietud de las familias se centra en los mecanismos de control de acceso y en la posibilidad de que la convivencia de terceros dentro de los establecimientos genere riesgos para estudiantes, docentes o personal administrativo. En ese contexto, consideran necesario revisar qué espacios ocupan los familiares de los trabajadores, cuáles son las reglas para su ingreso y salida, y cómo se supervisa su presencia dentro de los predios escolares.
El episodio también puso bajo la lupa la vigilancia durante los horarios de clases y el funcionamiento de los protocolos de seguridad. Entre los aspectos que deberán esclarecerse figuran el control de las entradas y salidas, la identificación de visitantes y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la custodia de los accesos.
La solicitud de la Junta de Padres coincide con un reclamo más amplio para reforzar las medidas de prevención en los establecimientos educativos. La intención, según se plantea, no es solo determinar responsabilidades individuales por la agresión, sino también detectar posibles fallas institucionales que permitan evitar nuevos hechos de violencia.
Mientras avanza la investigación policial, los padres esperan una respuesta de la Dirección Distrital de Educación respecto al pedido de cambio de la portera. La medida es presentada como una acción preventiva, en tanto se analiza la situación administrativa de la trabajadora y se conocen los resultados de las actuaciones en curso.
El tema, además, se extiende a otras unidades educativas de Cercado. La Junta de Padres considera necesario contar con un diagnóstico sobre cuántos colegios tienen viviendas destinadas a porteros y quiénes ocupan esos espacios actualmente. A partir de esa información, busca que se definan criterios uniformes para regular la permanencia de familiares dentro de los establecimientos.
La discusión pone nuevamente en revisión una realidad que durante años estuvo asociada principalmente a la custodia física de los colegios, pero que ahora incluye también las condiciones en que se desarrolla esa función y la convivencia de los trabajadores con sus familias dentro de los predios escolares.
En medio de la investigación por la agresión al menor, las familias insisten en que las medidas de seguridad no deben concentrarse únicamente en el colegio donde ocurrió el hecho. Su pedido apunta a que el municipio y las autoridades educativas revisen los protocolos existentes en todo Cercado y adopten disposiciones que garanticen que las unidades educativas sean espacios seguros para los estudiantes.
Así, el caso del Esteban Migliacci dejó planteadas dos tareas inmediatas: esclarecer la agresión contra el escolar y revisar las condiciones de seguridad en las unidades educativas. Para los padres, ambos procesos deben avanzar en paralelo para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
