El primer año legislativo del periodo de gobierno de Rodrigo Paz concluye sin que se hayan aprobado las leyes estructurales que el Ejecutivo presentó como parte de la transformación del Estado. Ese paquete normativo, anunciado en los primeros meses de gestión, sigue pendiente en la Asamblea y solo una de sus iniciativas llegó formalmente al Legislativo: la ley de inversiones, que fue observada y devuelta para su revisión.
La administración de Paz había anticipado reformas en áreas clave como hidrocarburos, minería, electricidad, economía verde y seguridad nacional. Sin embargo, al cierre de este primer año, los avances han sido limitados y los propios legisladores reconocen que la agenda económica y energética quedó a medio camino. El diputado Reinaldo Seas, de Libre, resumió ese malestar al señalar que durante todo el año se esperaba la aprobación de normas como la nueva ley de inversiones, la ley de hidrocarburos o la de minería. También recordó que los anuncios de reformas parciales a la Constitución Política del Estado no prosperaron, en parte por la vigencia del estado de excepción aprobado tras la crisis de los 53 días entre mayo y junio, que dejó millonarias pérdidas.
Desde la oposición se atribuye la demora al Ejecutivo, mientras que el oficialismo sostiene que la Asamblea está preparada para debatir cambios de fondo. En esa línea, el reelecto presidente del Senado, Diego Ávila, afirmó que 2027 “será el año de consolidación de la reforma constitucional”.
Un recuento de EL DEBER, basado en la Gaceta Oficial, muestra que entre el 13 de noviembre de 2025 y el 30 de octubre de 2026, Paz promulgó 89 leyes. De ese total, 20 son de alcance nacional, 16 corresponden a créditos o financiamiento internacional, 29 son declaratorias conmemorativas o patrimoniales y 24 se refieren a asuntos regionales.
Entre las normas nacionales figuran la Ley 1700, del 20 de noviembre de 2025, que establece el régimen excepcional para las elecciones subnacionales; la Ley 1740, del 8 de junio, que regula los estados de excepción; y la Ley 1773, del 2 de octubre, que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público y antecede a la suspensión de Róger Mariaca como fiscal general. En el grupo de declaratorias están, entre otras, el Día Nacional del Amauta Boliviano, mediante la Ley 1696, y el Día Nacional del Viñatero, a través de la Ley 1723. Las leyes regionales abarcan delimitaciones territoriales, transferencias y proyectos viales.
El contraste con el discurso inicial del Gobierno es evidente. El 8 y 9 de mayo, en El Alto y Cochabamba, Paz anunció un paquete de reformas para transformar el modelo estatal mediante nuevas leyes para hidrocarburos, inversiones, minería, economía verde, electricidad y seguridad nacional. En ese momento aseguró que la nueva ley de inversiones ya estaba lista, ante legisladores, gobernadores, alcaldes y dirigentes sociales.
No obstante, el primer proyecto recién ingresó a Diputados el 11 de agosto. Permaneció más de dos meses en la Comisión de Planificación y terminó observado y devuelto, según miembros de esa instancia. El texto, identificado como PL 684/25, contiene 103 artículos y 16 disposiciones, y generó reparos por el tratamiento de las controversias con inversionistas extranjeros. Aunque prevé arbitrajes con consentimiento expreso del Estado y dentro del marco constitucional, varios legisladores advierten posibles contradicciones con las restricciones de la CPE para someter esos conflictos a tribunales de alcance internacional.
El proyecto también plantea la creación de una agencia de inversiones y la regulación de alianzas público-privadas, dos mecanismos cuestionados por diputados de Libre y Unidad, que consideran que podrían aumentar la burocracia. A esas observaciones se sumaron reparos del empresariado nacional.
Pese a ello, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó que ya existe una nueva versión y expresó su expectativa de que sea aprobada antes del receso de fin de año. En paralelo, el presidente Paz volvió a anunciar el envío de las leyes de minería e hidrocarburos. “La ley de Hidrocarburos ya está cerrada, ya está lista, y también la de Minería ya va a entrar”, afirmó.
Para el exsenador y politólogo Carlos Börth, la lentitud legislativa refleja problemas institucionales y políticos más amplios. A su juicio,
