Rodrigo Paz Pereira volverá este viernes a Tarija con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cabeza de Toro en el centro de la agenda, una obra impulsada por el Gobierno Municipal de Johnny Torres y considerada una de las principales demandas regionales de los últimos años.
La visita del presidente contempla la firma de un convenio entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Tarija para avanzar en la contratación de la supervisión del proyecto. Por ahora, el acuerdo no alcanza todavía a la construcción de la planta. De acuerdo con el delegado presidencial Jorge Vaca, esta instancia deberá revisar el último diseño presentado, supervisar la obra y acompañar los estudios necesarios hasta su puesta en marcha.
La PTAR ha sido uno de los temas recurrentes en campañas electorales y actos públicos en Tarija. En la última contienda subnacional, Paz llevó al departamento al presidente de la CAF, entidad que comprometió el financiamiento, para formalizar la firma ante distintas instituciones y candidatos, aunque en esa ocasión no participaron ni el alcalde Torres ni el entonces gobernador Óscar Montes.
Además, la planta figura entre los compromisos que Paz asumió con el Comité Cívico de Tarija cuando era candidato presidencial en la segunda vuelta de 2025. Ese respaldo quedó plasmado en el denominado “Acuerdo por Tarija”, firmado el 15 de octubre de 2025, en el que el hoy presidente suscribió una agenda de proyectos que el movimiento cívico consideraba prioritarios para el departamento.
Ese documento incluyó la ampliación y equipamiento del aeropuerto Oriel Lea Plaza, la conclusión del financiamiento y construcción de la PTAR, el equipamiento y fortalecimiento del Hospital Oncológico y del Materno Infantil, el impulso al Corredor Bioceánico, la conclusión y asfaltado de tramos de la carretera Tarija–Gran Chaco, el avance en los tramos Isiri–La Central y Villa Montes, la ejecución del túnel del Aguaragüe, el proyecto hidroeléctrico de El Carrizal, el dragado de San Jacinto y el cambio de la tubería principal del sistema de riego, además de la conciliación de cuentas por inversiones en carreteras y en interconexión eléctrica, nuevos proyectos de exploración hidrocarburífera, control ambiental en ríos afectados por la minería y la gestión de un Pacto Fiscal Nacional favorable a las entidades territoriales autónomas, junto con nuevos ítems para salud, educación y Policía.
Sin embargo, el resto de la agenda sigue pendiente. El Comité Cívico de Tarija ha aprovechado distintas visitas y anuncios del Gobierno para recordar que la PTAR es solo una parte de los compromisos asumidos. En abril, el entonces presidente del ente cívico, Jesús Gira, pidió avances en el aeropuerto Oriel Lea Plaza, el Hospital Oncológico y otros proyectos. En los últimos días, ante el nuevo arribo presidencial, volvió a mencionar El Carrizal y la conclusión y puesta en funcionamiento del Hospital Oncológico, además de reclamar continuidad para el resto de las obras comprometidas.
Desde sectores ambientalistas también se han expresado observaciones. Señalan que, entre los compromisos asumidos, el Gobierno habría priorizado el ingreso a Tariquía, un tema que no estaba en la agenda, mientras que otras iniciativas que generan cuestionamientos, como el impacto de Carrizal, tampoco han sido evaluadas. En paralelo, varias obras presentadas en los últimos años, como la variante al angosto de Villa Montes o la carretera bioceánica que pretende cruzar por Tarija hacia el Pacífico, siguen sin pasar de la fase de estudios. El túnel del Aguaragüe, pese a haber sido prometido en innumerables ocasiones, tampoco registra avances.
Más allá de la agenda específica para Tarija, Paz llegó a la Presidencia con otra promesa de alcance nacional que tiene especial relevancia para las regiones: la redistribución 50/50 de los recursos públicos entre el nivel central y las entidades subnacionales. Desde el 5 de agosto se han realizado reuniones en distintos departamentos y se han arrancado compromisos, aunque los avances son lentos. La semana pasada recién se firmó la ley que libera 14 millones de bolivianos del IDH del gobierno departamental, que el Gobierno Nacional pretendía destinar a proyectos propios.
A eso se suman otros acuerdos aún pendientes con municipios y gobernaciones, entre ellos la definición de nuevos plazos de pago con el FNDR y otras entidades de crédito estatal. Las gobernaciones también insisten en la necesidad de modificar normas
