La Contraloría General del Estado advirtió que, si no se recupera el río Guadalquivir del problema de contaminación y no se cumplen las recomendaciones emitidas a partir de la auditoría ambiental realizada hace diez años, las autoridades involucradas podrían incurrir en incumplimiento de la ley. La advertencia fue formulada por el gerente nacional de Medio Ambiente de la institución, Roberto Pérez, quien junto a la contralora, Sandra Quiroga, sostuvo una reunión con ejecutivos locales para abordar este problema ambiental.
Pérez recordó que la auditoría ambiental, efectuada por tramos desde la cuenca alta hasta la desembocadura en El Angosto, estableció que el agua en la naciente del río se encuentra en óptimas condiciones y no presenta contaminación. Sin embargo, explicó que el deterioro se va acentuando conforme el cauce atraviesa zonas con mayor población, siendo el municipio de Tarija el punto donde la contaminación se vuelve más evidente, mientras que en El Angosto, al final de la cuenca, el río logra autorecuperarse.
Según el gerente de Medio Ambiente de la Contraloría, en 2008 el río se encontraba en una situación favorable, pero en 2015 el panorama empeoró. Añadió que en 2016 se conoció la auditoría ambiental y que, una década después, si bien hubo algunas mejoras en la parte alta y baja de la cuenca, el problema central continúa concentrado en el municipio de Tarija, donde la situación sigue siendo preocupante.
Pérez señaló que, de haberse aplicado las recomendaciones de la auditoría, para 2025 el Guadalquivir debió alcanzar la categoría C de calidad del agua, algo que no ocurrió. Explicó que existen cuatro categorías, A, B, C y D, siendo A la mejor y B la óptima, mientras que la C permite ciertas actividades con restricciones. Para llegar a ese nivel, dijo, era necesario intervenir con mayor intensidad en las zonas más contaminadas.
Consultado sobre el estado actual del río en su tramo más crítico, Pérez afirmó que persisten los problemas y que no se logró la categoría C. En ese contexto, remarcó que corresponde a las instituciones involucradas rendir cuentas, ya que la Contraloría emitió su opinión en su momento y ahora existe una obligación legal de atender las observaciones formuladas.
El funcionario aclaró que la Contraloría no realiza un monitoreo permanente como sí podría hacerlo la Oficina Técnica Nacional de los ríos Bermejo y Pilcomayo, aunque sostuvo que la información disponible es suficiente para advertir que la situación es crítica y perceptible incluso sin mediciones especializadas.
A criterio de Pérez, la recuperación del Guadalquivir exige un trabajo sostenido entre instituciones y población. Mencionó la necesidad de implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, controlar las descargas industriales y regular la extracción de áridos. También insistió en que el trabajo debe ser articulado, con coordinación efectiva, personal capacitado y menos rotación en los cargos, además del respaldo de las máximas autoridades, porque de lo contrario los resultados pueden demorarse o incluso no alcanzarse.
Finalmente, recordó que las recomendaciones de la auditoría también contemplan restricciones en el uso del agua según el estado en que se encuentra en distintos sectores del recorrido del río, por lo que en algunos lugares no debería utilizarse para riego.
