El presidente del Senado, Diego Ávila, enfatizó que no es viable unificar las elecciones judiciales con los comicios subnacionales programados para marzo de 2026, debido a que la legislación vigente establece procesos electorales independientes que deben cumplirse de manera secuencial. Ávila señaló que, aunque aún resta elegir magistrados en cinco departamentos para completar la integración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), esto no justifica la realización conjunta de ambos procesos ni respalda la propuesta del vicepresidente Edmand Lara de convocar de forma inmediata una sesión legislativa para abordar la ley de elecciones judiciales.
Según Ávila, cada tipo de elección posee un procedimiento específico que debe respetarse, y aunque no existe impedimento para realizar más de una elección en un mismo año, cada una debe llevarse a cabo respetando sus etapas y tiempos establecidos. Además, aclaró que la convocatoria para elecciones judiciales debe aprobarse primero en sesiones separadas de la Cámara de Diputados y del Senado, siguiendo el mismo mecanismo utilizado para la aprobación de la ley de elecciones subnacionales. Solo en caso de desacuerdo entre ambas cámaras se procedería a una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, confirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única entidad autorizada para convocar a elecciones judiciales, conforme a la Constitución y la Ley del Régimen Electoral. Asimismo, indicó que el Órgano Electoral está en capacidad de administrar procesos electorales adicionales en 2026, una vez que se reciban las ternas de postulantes evaluadas por la Asamblea. Señaló que, tras la conclusión de las elecciones subnacionales —que podrían extenderse hasta mayo si hay segunda vuelta—, se pueden llevar a cabo sin inconvenientes comicios judiciales, referéndums u otros procesos electorales.
En contraposición, el vicepresidente Edmand Lara anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente de la Asamblea Legislativa para tratar exclusivamente la Ley de Elecciones Judiciales, a raíz de las recientes decisiones judiciales que ordenaron la destitución inmediata de cinco magistrados del TCP y dos del Tribunal Supremo de Justicia. Lara expresó que el país no puede permitir prórrogas indefinidas ni nombramientos transitorios por decreto, insistiendo en la necesidad de contar con magistrados titulares y probos.
Estas medidas judiciales se derivan de resoluciones emitidas por salas constitucionales en Potosí y Santa Cruz, que ordenaron la suspensión inmediata de los magistrados prorrogados del TCP: Gonzalo Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Lorena Gallardo Sejas. Además, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, también fueron afectados por estas decisiones.
La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad urgente de renovar el Órgano Judicial mediante sufragio universal, aunque también ha generado discrepancias internas respecto a los mecanismos, plazos y procedimientos legislativos a seguir. Mientras el vicepresidente impulsa una sesión plenaria inmediata, el presidente del Senado mantiene que la ley debe ser aprobada primero en cada cámara conforme al procedimiento legislativo establecido
