“En la Procuraduría somos los abogados del Estado”. Con esa frase, Hugo César León La Faye sintetizó el rol de la institución que encabeza desde el 25 de noviembre de 2025, durante una entrevista concedida a EL DEBER en las oficinas centrales de la entidad, en El Alto. En la conversación, el Procurador General del Estado se refirió principalmente a los arbitrajes internacionales que enfrenta Bolivia y al margen de acción que tiene el país para responder a esos procesos.
León explicó que actualmente el Estado boliviano afronta cuatro arbitrajes de inversión y entre cuatro y cinco arbitrajes comerciales. Aclaró que ambos tipos de controversias responden a naturalezas distintas: en los de inversión, la disputa surge a partir de una inversión realizada por una persona natural o jurídica en una actividad determinada; en los comerciales, el conflicto deriva del incumplimiento de obligaciones contractuales.
Al referirse al estado de esos procesos, señaló que se trata de arbitrajes tramitados en el exterior bajo convenios suscritos por el Estado boliviano. Sin embargo, evitó entrar en mayores detalles y remarcó que no podía adelantar información que forme parte de la estrategia de defensa de los intereses del país.
Entre los casos que consideró más relevantes mencionó tres: Glencore Finance, BBVA y Zurich, vinculada con Futuro de Bolivia AFP. Según dijo, se trata de montos importantes y de procesos que se encuentran en distintas etapas. Añadió que las propias empresas buscan acercamientos con el Estado y que la Procuraduría ha abierto espacios de negociación de manera abierta y transparente.
En ese contexto, precisó que BBVA y Glencore ya cuentan con laudos adversos, mientras que el arbitraje de Zurich continúa pendiente. En el caso de BBVA, el fallo de 2022 ordenó al Estado boliviano pagar 94,8 millones de dólares más intereses, y este año la Procuraduría informó que se agotaron las instancias de impugnación. Glencore, por su parte, obtuvo en 2023 un laudo por 253,6 millones de dólares. Zurich mantiene una reclamación pública de unos 129,1 millones de dólares relacionada con Futuro de Bolivia AFP. Por ello, la negociación post-laudo, explicó León, corresponde a los casos en los que ya existe una decisión arbitral y no puede extenderse automáticamente al proceso de Zurich.
Sobre el concepto de negociación post-laudo, indicó que implica que, pese a existir una resolución que obliga al Estado al pago de determinados montos, las partes todavía pueden acordar las condiciones de cumplimiento. Al ser consultado sobre cuánto se puede conocer de esos casos, evitó dar cifras o detalles y sostuvo que hay aspectos sometidos a confidencialidad. Puso como ejemplo el caso BBVA, donde dijo que ya se encuentran en plena negociación y que se han abierto mesas de diálogo para definir la forma de cumplimiento del laudo.
León también recordó que estos procesos vienen de gestiones anteriores. Señaló que algunos arbitrajes comenzaron durante el gobierno de Evo Morales y continuaron después, por lo que ahora la Procuraduría evalúa cada caso para encontrar la mejor salida posible para el Estado.
Consultado sobre la posibilidad de que Bolivia desconozca estos arbitrajes bajo el argumento constitucional de que la Carta Magna no admite ese tipo de mecanismos, respondió que no se trata de una decisión unilateral del Gobierno. Explicó que el país asumió obligaciones internacionales y que existen tratados y contratos que establecen mecanismos para resolver controversias. En esos casos, afirmó, el Estado debe ejercer su defensa ante los tribunales correspondientes. También recordó que la Constitución, en su artículo 410, establece que la CPE es la norma suprema y ubica a los tratados internacionales por debajo de ella en la jerarquía normativa, por lo que no corresponde calificarlos de manera general como normas supraconstitucionales.
Respecto a los últimos 10 meses del actual Gobierno, afirmó que no tienen conocimiento de una nueva pretensión arbitral abierta en ese periodo. Indicó que, en materia de arbitraje internacional, la Procuraduría atiende demandas originadas en gestiones anteriores y busca salidas que reduzcan el impacto para el Estado cuando todavía exista margen de negociación.
Finalmente, al explicar la función de la Procuraduría General del Estado, León resumió su labor con una definición directa: son los abogados del Estado. Señaló que la institución tiene autonomía constitucional y que su tarea es defender legalmente los intereses y el patrimonio estatal. Añadió que, cuando una situación involuc
