El procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, ha manifestado su inquietud ante las recientes determinaciones judiciales que anularon procesos contra efectivos policiales y militares, quienes enfrentaban acusaciones por presuntas vulneraciones a derechos humanos ocurridas en 2019. Estas decisiones fueron emitidas por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba.
En este contexto, el procurador acogió favorablemente los pronunciamientos oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH). Ambos organismos internacionales han alertado sobre lo que consideran un posible retroceso en la justicia boliviana, específicamente en relación con los casos de Senkata y Sacaba.
Las instituciones internacionales han expresado su profunda preocupación por el aparente incumplimiento, por parte del Estado boliviano, de las recomendaciones formuladas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI). Las investigaciones del GIEI concluyeron que es fundamental garantizar a las víctimas y sus familiares un acceso oportuno, justo y eficaz a la justicia. La CIDH y la ONU DDHH consideran que estas anulaciones podrían obstaculizar la búsqueda de una justicia adecuada para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de representar un serio desafío al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en la materia.
La postura oficial del Estado subraya la importancia de respetar las recomendaciones del GIEI, lo que refleja la voluntad de combatir la impunidad y de asegurar las condiciones necesarias para que el sistema de administración de justicia opere con independencia, credibilidad, transparencia y objetividad.
Por otra parte, la expresidenta Jeanine Áñez ha declarado en ocasiones anteriores que su gobierno fue el que solicitó la presencia del GIEI, aunque ha sostenido que su informe no posee carácter vinculante. La exmandataria ha acusado a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y al actual gobierno de haber instruido su encarcelamiento sin el debido proceso, atribuyendo estas acciones a motivaciones políticas. Según Áñez, la Fiscalía General del Estado, en lugar de investigar a fondo los hechos de violencia de 2019, optó por seguir directrices políticas para encarcelar y condenar a una exmandataria sin respetar las garantías procesales
