El senador de Libre, Leonardo Roca, planteó que el ajuste económico que atraviesa el país debe ir acompañado por el cierre de las empresas estatales deficitarias y, en el caso de algunas firmas consideradas estratégicas, por su privatización. Sus declaraciones se apoyan en un reciente informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), según el cual 15 empresas estatales registran un saldo de 12.742 millones de bolivianos en pérdidas y deudas vigentes por 16.273 millones.
Roca sostuvo que el nivel central del Estado no puede limitarse a trasladar el costo del ajuste a la ciudadanía y afirmó que, en los 10 meses de gestión, ese esfuerzo no ha sido acompañado por el aparato estatal. A su juicio, la salida pasa por “cortar lo más rápido posible la sangradera del Estado”, lo que, dijo, debería hacerse mediante un decreto para cerrar de inmediato las empresas que generan pérdidas.
El legislador defendió además una reducción del rol empresarial del Estado. En su criterio, el Estado “solo debe ser Estado” y ejercer funciones de control sobre las libertades, la economía y los derechos, sin involucrarse directamente en la actividad empresarial. Argumentó que el dinero público no debería usarse para experimentar en compañías estatales y cuestionó el modelo que, según dijo, ha favorecido la proliferación de empresas públicas.
En ese marco, calificó ese esquema como “muy criminal” y aseguró que ha derivado en competencia con el propio generador de impuestos. También afirmó que la creación de numerosas empresas estatales terminó sirviendo, a su juicio, para irregularidades en licitaciones y para dar empleo a militantes del partido de turno.
Roca insistió en que estas firmas deben cerrarse “a la brevedad posible” y que algunas de las consideradas estratégicas deberían pasar a manos privadas. Para ello, planteó primero ajustes en la Constitución Política del Estado, de manera que pueda existir un socio privado que ejerza un control específico sobre las inversiones y otros aspectos.
Entre las empresas mencionadas por el senador estuvo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a la que calificó como una de las más grandes del Estado boliviano y también, según su criterio, una de las más corruptas. Señaló que debería ser intervenida cuanto antes bajo una normativa distinta a la actual, a la que describió como un gran monopolio.
En su propuesta también incluyó una reforma impositiva para establecer un impuesto único nacional aplicable a todos, sin privilegios. En ese punto, apuntó a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, lideradas por el expresidente Evo Morales, y también a los mineros cooperativistas, a quienes cuestionó por no tributar en proporción a sus ingresos.
