El año 2025 ha representado un momento crucial para el sistema judicial, marcado por la culminación de la Comisión 898, encargada de dar seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia de 2017, y la eliminación del Ministerio de Justicia. Según el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE), Romer Saucedo, estos hechos han impulsado un cambio significativo en la administración de justicia, con un enfoque renovado en la independencia y la credibilidad del Órgano Judicial.
Uno de los principales desafíos identificados es la insuficiencia presupuestaria, ya que el Órgano Judicial recibe apenas el 0,05% del Presupuesto General del Estado, cifra que contrasta con la necesidad estimada de al menos un 5% para poder implementar mejoras sustanciales. Este recurso es fundamental para avanzar en la digitalización de procesos, desde expedientes hasta audiencias, con el objetivo de hacer más eficiente y transparente la justicia.
Durante el 2025, se ha trabajado en la implementación del sistema único de gestión de causas en materia penal, que busca integrar bases de datos de diferentes instituciones como la Fiscalía, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap). Esta plataforma permitirá que los usuarios accedan a expedientes digitales en línea desde cualquier lugar, reduciendo significativamente el uso de papel. La fase piloto ya se ha desarrollado en Chuquisaca, incluyendo la transmisión de audiencias vía YouTube, con planes para extender esta iniciativa a nivel nacional en los primeros meses de 2026.
En cuanto a la reforma judicial, se ha señalado la necesidad de revisar tanto el marco normativo como la estructura presupuestaria. Actualmente, un juez en provincias debe atender múltiples materias, lo que dificulta una administración eficiente y especializada. Por ello, se plantea la creación de nuevos cargos y una asignación presupuestaria acorde, que permita mejorar la calidad del servicio judicial.
Entre los hitos del año, destaca el cierre definitivo de la Comisión 898, lo que permitió al Órgano Judicial desligarse del Ejecutivo y operar con mayor autonomía. Asimismo, se llevaron a cabo revisiones en casos de detenciones preventivas y sentencias, además de acciones contra jueces que intentaron obstaculizar procesos electorales, reafirmando el compromiso con la legalidad y la transparencia.
El sistema judicial también enfrentó intentos de interferencia política, como la destitución irregular de una magistrada en La Paz, que fue revertida mediante mecanismos legales. De igual manera, se desarticularon redes de corrupción y se garantizó la imparcialidad en procesos que involucraron a figuras políticas, evidenciando que la justicia se aplica sin privilegios.
Con la desaparición del Ministerio de Justicia, la relación entre el Órgano Judicial y el Gobierno se basa en el respeto mutuo y la independencia de poderes. Este cambio ha permitido establecer vínculos más equilibrados con las otras ramas del Estado.
Finalmente, sobre el sistema de elección de magistrados por voto popular, se plantea la necesidad de abrir un debate amplio y considerar posibles reformas. La evolución social y jurídica exige revisar y perfeccionar los mecanismos de designación para asegurar que respondan a las mejores prácticas y beneficien a la ciudadanía
