Tras las declaraciones del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien solicitó la remoción del comandante general de la Policía, Augusto Juan Russo, este último respondió a las acusaciones que se le imputan. Una investigación interna en la institución policial reveló que el teniente coronel Erik Rodrigo Gálvez Cabrera denunció a Russo por supuestamente limitar el acceso de ciertos oficiales a cursos de especialización, requisito indispensable para optar a ascensos dentro de la fuerza.
El general Russo negó cualquier conducta irregular y afirmó que las medidas adoptadas se ajustan a un fallo constitucional emitido por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Explicó que el oficial impedido de participar en los cursos de pregrado y posgrado no cumplía con los requisitos establecidos, particularmente porque no contaba con la antigüedad necesaria en su grado para ser convocado. Además, señaló que dicho oficial había sido separado previamente debido a una denuncia vinculada a un proceso por tráfico de drogas.
En cuanto a su continuidad en el cargo, Russo destacó que fue designado mediante Decreto Supremo y que cualquier decisión sobre su destitución debe provenir de la máxima autoridad policial. Aseguró que él y sus colegas generales se mantendrán disciplinados y respetarán las determinaciones que emitan las instancias superiores, reafirmando su compromiso con la institución.
Por su parte, Edmand Lara sostuvo que el general Russo ya no debería ocupar el puesto, fundamentando su postura en el caso del oficial que interpuso la denuncia y que no logró acceder al ascenso. Explicó que, según el artículo 20 del reglamento que regula la convocatoria, exámenes de ascenso y cursos de especialización en la Policía Boliviana, existe una comisión encargada de revisar los casos de los servidores policiales que buscan avanzar en su carrera. En 2023, esta comisión, presidida por Lara junto con otros oficiales, evaluó el caso de un mayor que solicitó ingresar a un curso de posgrado en administración y estado mayor en la Escuela Superior de Policías, pero la solicitud fue negada.
El oficial afectado presentó un amparo constitucional ante la presidencia y los vocales de la comisión, logrando una medida cautelar que le permitió acceder temporalmente al curso. No obstante, Lara enfatizó que este oficial nunca gestionó la restitución formal de sus derechos, lo que comprometió su situación legal y administrativa.
Finalmente, Russo mencionó que las notificaciones relacionadas con este proceso fueron enviadas digitalmente por el Tribunal Departamental del Beni, incluyendo al policía que formuló la denuncia, asegurando que se siguieron los procedimientos establecidos para informar a todas las partes involucradas
