La Sala Constitucional de Potosí ordenó la destitución inmediata de cinco magistrados que se mantenían en funciones de manera autoprorrogada en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Además, se estableció la suspensión del pago de sus salarios y se dispuso que sean escoltados por personal administrativo del tribunal durante el proceso de retiro.
La resolución indica que se debe proceder a la cesación del pago de sueldos a los magistrados involucrados: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Lorena Gallardo Sejas. Asimismo, se instruyó informar al ministerio correspondiente del Órgano Ejecutivo para garantizar la ejecución de esta medida.
En paralelo, se determinó que la salida de estos funcionarios del TCP debe realizarse con la supervisión del personal administrativo del órgano y la presencia de autoridades competentes, quienes verificarán el inventario y control de los bienes utilizados durante su gestión.
Con esta decisión se pone fin a un período de casi ocho años en el que estos abogados ejercieron como magistrados, quienes intentaron extender su permanencia en el cargo por un plazo adicional de diez días hábiles, argumentando la necesidad de resolver asuntos pendientes.
La autoridad constitucional recordó que, tras la resolución 0049/2023 emitida en diciembre, los magistrados autoprorrogados habían fijado como límite de su mandato las elecciones judiciales. Sin embargo, persistieron en mantener sus cargos más allá de ese plazo y emitieron resoluciones que favorecían sus propios intereses.
Se destacó que las decisiones adoptadas por estos magistrados para prolongar su permanencia carecen de validez, dado que su mandato concluyó con las elecciones judiciales de diciembre de 2024. Finalmente, se señaló la necesidad de aplicar sanciones económicas para reparar los daños ocasionados durante este período de irregularidad
