El Senado de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, una medida impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que llega a la recta final de la campaña electoral, a once días de la segunda vuelta presidencial. La propuesta, que modifica la Constitución, fue aprobada en dos votaciones consecutivas durante la misma sesión legislativa, después de que el candidato opositor Flávio Bolsonaro cambiara de postura y respaldara la iniciativa, lo que arrastró a otros senadores de la oposición, cuyas bancadas les habían dado libertad de voto.
La votación supone un avance clave para una de las principales banderas electorales de Lula, que busca la reelección el próximo 25 de octubre frente a Bolsonaro. El fin de la llamada jornada “6 por 1”, que añade un día de descanso semanal y reduce el cómputo sin recorte salarial, ha sido presentado por el oficialismo como una reivindicación histórica de los sectores populares y, según los sindicatos, beneficiará a unos veintidós millones de trabajadores.
Bolsonaro, que inicialmente se oponía al proyecto, anunció en la víspera un giro en su posición aludiendo al clamor popular. Aunque no acudió al hemiciclo, emitió su voto de forma telemática mientras participaba en actos de campaña en Porto Alegre. Su cambio de postura provocó críticas entre los senadores del Gobierno, que cuestionaron la “volatilidad de convicciones” del candidato y advirtieron sobre la posibilidad de que, si resulta electo, retome sus planes anteriores.
“Hay gente que no quiere que esta votación termine hoy. Por eso, debemos mantenernos vigilantes para impedir retrocesos en el futuro”, señaló la portavoz del Gobierno en el Senado, Teresa Leitão.
El presidente de la Cámara alta, Davi Alcolumbre, subrayó el alcance social de la medida y destacó su impacto positivo para “millones de personas de diferentes realidades del país”. En la misma línea, el senador Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores, defendió que con esta decisión Brasil se sitúa al nivel de países más desarrollados, al citar ejemplos como Finlandia, Australia, Francia, Alemania, Noruega y Países Bajos.
No obstante, la iniciativa sigue generando un fuerte rechazo entre sectores empresariales y productivos. La Federación de Comercio de São Paulo, una de las voces más críticas, estima que la reforma elevaría en un 22 % el costo de la hora trabajada y advierte incluso de la posible destrucción de hasta 1,2 millones de empleos. Esas previsiones fueron rebatidas por Rodrigues, mientras que otros senadores de la oposición que también apoyaron la medida cuestionaron las “prisas” con las que avanzó la votación y el “uso del aparato estatal” en función del calendario electoral.
Desde la bancada alineada con Flávio Bolsonaro, el senador Esperidião Amin llamó a buscar entendimiento con el sector empresarial para “amortiguar los impactos presupuestarios que conllevarán las medidas”. La aprobación en el Senado deja ahora en el centro del debate una reforma laboral que, además de su alcance social, ha quedado inevitablemente marcada por el pulso político de la campaña presidencial brasileña.
