El rechazo del Concejo Municipal de Yacuiba a un proyecto de ley de austeridad que planteaba recortar en 20% los salarios de las autoridades electas abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional en ese municipio chaqueño. La decisión generó la reacción inmediata de organizaciones vecinales y sectores sociales, que anunciaron que impulsarán la revocatoria de mandato de los once concejales.
La propuesta rechazada había sido impulsada por dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y buscaba que los recursos ahorrados por la reducción salarial se destinen al pago del denominado “bono frontera”, un beneficio reclamado por 22 exconcejales y que representa una obligación cercana a los cuatro millones de bolivianos para la Alcaldía. El debate se produjo en medio de cuestionamientos a la administración de los recursos municipales y en un contexto en el que también se puso bajo la lupa el incremento del presupuesto del Concejo Municipal, que pasó de 4,5 millones a aproximadamente 10 millones de bolivianos, pese a la crisis económica que atraviesa la Alcaldía.
La molestia de los sectores sociales fue expresada con dureza por Reyna Plata, representante de Control Social y de la Asociación 6 de Abril del Mercado Campesino, quien calificó de “indignante” la respuesta del Concejo Municipal. A su juicio, el tratamiento de la propuesta evidenció serias deficiencias. “Con esta ley ellos podrían lavarse la imagen que tienen ante el pueblo, por la incompetencia que han mostrado hasta ahora”, afirmó. También observó que el informe emitido por los concejales haría referencia a otro proyecto, lo que, según dijo, demuestra que ni siquiera comprendieron la iniciativa que estaba en discusión.
En la misma línea, el presidente de la Fejuve, Richard Gareca, cuestionó la falta de capacidad de análisis del ente deliberante y anunció que promoverá la revocatoria de mandato de sus integrantes. “Este informe es una burla. Nosotros vamos a promocionar su revocatorio de estos señores, porque ya basta de que estas personas sigan manejando los recursos públicos. Los concejales no están a la altura del cambio que pedíamos”, sostuvo. Gareca adelantó además que pedirá un informe detallado para establecer qué concejales votaron en contra del proyecto y cuáles fueron los argumentos que respaldaron esa decisión.
Las críticas también llegaron desde otras organizaciones barriales. Humberto Espinoza, presidente del barrio San Juan, recordó que al inicio de su gestión los concejales se comprometieron a realizar auditorías y aprobar leyes en beneficio del municipio. Sin embargo, lamentó que esos compromisos no se hayan cumplido. “Fue una charla política, se sentaron en la silla del Concejo y se olvidaron de todo, menos de cobrar su sueldo”, expresó. En ese contexto, recordó que cada concejal percibe un salario de 11.848 bolivianos, además del bono frontera.
Espinoza anunció que comenzará el recojo de firmas para solicitar la revocatoria de los once concejales y advirtió que la medida podría extenderse también al alcalde, Juan Carlos Castillo, si no muestra resultados en su gestión.
Frente a las advertencias de las organizaciones sociales, el concejal Luis Cornejo respondió que no teme someterse a un referendo revocatorio y desafió a los sectores movilizados a incluir también al alcalde en esa convocatoria. “No tengo miedo, pero que no pidan solo para los concejales, vamos con el alcalde más, nos sometamos todos al revocatorio y que el pueblo decida. Yo no me aferro al cargo”, declaró. Cornejo atribuyó las críticas al conflicto interno entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo municipal.
La posibilidad de una revocatoria está contemplada en el artículo 240 de la Constitución Política del Estado y regulada por la Ley N.º 026 del Régimen Electoral. Ese mecanismo permite que la ciudadanía decida sobre la continuidad de una autoridad electa, siempre que se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos por la normativa electoral.
En paralelo, la discusión sobre este tipo de procesos también llegó a Tarija, donde la concejal María Renee Barrios planteó ante el Tribunal Electoral Departamental la necesidad de reducir el plazo exigido para activar una revocatoria de mandato. A su criterio, después de un año y medio de gestión la población ya cuenta con elementos suficientes para evaluar el desempeño de sus autoridades y definir si corresponde retirarles el mandato otorgado en las urnas. Barrios espera
