Cinco cheques por un total de Bs 95,8 millones salieron de la Caja Nacional de Salud (CNS) durante 2023 y terminaron en manos de cuatro funcionarios, según la denuncia presentada por el viceministro de Transparencia, Yamil García, quien anunció el inicio de acciones penales por estas operaciones y también por presuntos cobros irregulares a trabajadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Potosí.
De acuerdo con la autoridad, en la CNS esos recursos debían destinarse a la compra de medicamentos e insumos. Sin embargo, sostuvo que fueron entregados bajo la figura de “fondos en avance”, un mecanismo pensado para gastos menores y urgentes, sin que se hubieran seguido los procesos de contratación correspondientes. García afirmó que la denuncia se sustenta en informes de la Contraloría y de Auditoría Interna, y agregó que tampoco se acreditó la emergencia que habría servido de justificación para los desembolsos.
En ese marco, detalló que Constantino Carlos Colque Huarachi recibió dos cheques por un monto aproximado de Bs 42 millones. “Existe una compra aparente, pero no existe la verificación física de que efectivamente se hayan adquirido esos medicamentos y esos insumos”, señaló el viceministro al referirse a las observaciones detectadas. Transparencia pidió además a la Unidad de Investigaciones Financieras que rastree los recursos para establecer su destino final y a quiénes beneficiaron.
Por separado, el abogado Abel Loma relacionó este caso con el exdirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, y pidió que se investigue a su entorno por una presunta legitimación de ganancias ilícitas. Según dijo, las irregularidades ya habían sido denunciadas hace dos años.
La otra parte de la denuncia apunta al INE en Potosí. Allí, el rastreo financiero identificó movimientos por Bs 584.510 en la exadministradora departamental y Bs 135.570 en el exencargado, montos que en conjunto alcanzan Bs 720.080. García sostuvo que esos recursos no serían compatibles con el perfil económico de ambos exfuncionarios.
La investigación se activó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre aportes exigidos al personal para una campaña política en junio de 2025. El viceministro explicó que, a partir de esa alerta, se revisaron los movimientos correspondientes a la gestión de las exautoridades.
Según el reporte, parte del dinero habría provenido de funcionarios y proveedores. Además, se detectaron inmuebles y cuentas bancarias que no figurarían en las declaraciones juradas. La denuncia alcanza a las dos exautoridades y a otros dos presuntos recaudadores.
El caso ya fue remitido a la Fiscalía de Potosí por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, concusión y falsedad en las declaraciones patrimoniales.
