El gobierno de Chile alcanzó este jueves un acuerdo con dirigentes de los principales gremios de transportistas para dar por terminado el paro que comenzó el martes en rechazo al aumento del precio del diésel.
La movilización había sido impulsada por pequeños y medianos transportistas, quienes advirtieron que el alza, asociada según ellos a la guerra en Irán desde febrero, ponía en riesgo la continuidad de sus negocios. Durante dos días de negociaciones, el Ejecutivo buscó una salida al conflicto que había derivado en bloqueos parciales de carreteras en distintos puntos del país.
Tras las conversaciones, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que el país necesitaba retomar la normalidad. “Chile necesita la normalidad para seguir creciendo, para seguir desarrollándose”, afirmó. “Y las personas que hoy día aquí me acompañan han sido parte de la construcción de esta solución para que nuestro país siga avanzando”.
Entre las medidas acordadas, el gobierno aceptó revertir una última subida de los carburantes registrada este jueves y, además, reducir en 100 pesos, equivalentes a 0,10 dólares por litro, el precio del diésel, según explicó Alvarado. El combustible, que es el más utilizado por los transportistas, no podrá registrar nuevos aumentos hasta el 31 de marzo de 2027, añadió el ministro.
A la protesta se sumaron cientos de camioneros, conductores de autobuses y taxistas, que presionaron al gobierno para obtener respuestas. Luego de un primer intento fallido el miércoles, las negociaciones se extendieron hasta que finalmente se logró destrabar el conflicto.
Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, agradeció al ministro Alvarado tras la compleja negociación. “Estuvimos a punto de irnos para la casa con un rotundo no, y él tuvo que doblegar los esfuerzos para que en estos momentos pudiéramos deponer la movilización”, declaró.
No es la primera vez que el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast enfrenta cuestionamientos por el alza de los combustibles. En marzo, poco después de asumir, modificó un mecanismo estatal destinado a amortiguar las variaciones bruscas de los precios y trasladó de manera inmediata a los consumidores parte del incremento del mercado.
