Hasta noviembre de 2025, los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Gobierno y Defensa acumulaban cada uno una deuda flotante que superaba los 100 millones de bolivianos, sumando en conjunto más de 346 millones en obligaciones pendientes con proveedores, contratistas y prestadores de servicios. Esta cifra representa casi la mitad del total de la deuda flotante de la administración central, que ascendió a 703 millones 117 mil 717 bolivianos.
Otros ministerios también presentaron compromisos financieros relevantes. El Ministerio de Salud y Deportes reportó una deuda de más de 71 millones de bolivianos, mientras que Relaciones Exteriores tenía pendientes pagos por más de 60 millones. Planificación del Desarrollo y la Presidencia del Estado registraron deudas flotantes de 56 millones y 52 millones de bolivianos, respectivamente. En el caso de la Presidencia, la deuda refleja tanto recursos no ejecutados como obligaciones aún por cumplir, evidenciando una limitada utilización del presupuesto asignado.
En contraste, carteras como Justicia y Transparencia Institucional, Minería y Metalurgia, y la Vicepresidencia del Estado mostraron montos significativamente menores en deuda flotante, con cifras inferiores a un millón de bolivianos. No obstante, la baja deuda en Minería no responde a una gestión eficiente, sino a una ejecución presupuestaria mínima, con apenas un 1,78% de utilización de los recursos asignados, que totalizan más de mil millones de bolivianos.
Expertos en economía señalan que estos niveles de deuda flotante reflejan un problema estructural en varias instancias del Estado, generando riesgos para la reputación institucional y limitando el margen de maniobra fiscal del nuevo gobierno. La acumulación de obligaciones pendientes puede presionar la liquidez estatal y aumentar la probabilidad de incumplimientos financieros.
Respecto a la ejecución presupuestaria, se observan marcadas diferencias entre ministerios. Educación lidera con un 83,62% de su presupuesto ejecutado, seguida por Defensa y Relaciones Exteriores con niveles cercanos al 75%. En el rango medio se encuentran Gobierno y Salud y Deportes, con ejecuciones superiores al 70%. Sin embargo, otros ministerios presentan bajos porcentajes de ejecución: la Presidencia con apenas 42,58%, Medio Ambiente y Agua con 44,33%, y Obras Públicas con 45,66%. Los ministerios de Desarrollo Productivo y Culturas registran los índices más bajos, con menos del 40% de su presupuesto utilizado.
La baja ejecución y la elevada deuda flotante podrían estar vinculadas a problemas de iliquidez, dificultando el cumplimiento de compromisos financieros y afectando la capacidad de gestión de las entidades públicas.
En cuanto al gasto público, entre el 25 de noviembre y el 31 de diciembre, el gobierno ejecutó desembolsos por un total de 24.287,5 millones de bolivianos, según datos oficiales del Ministerio de Economía. Este monto implica un promedio diario superior a los 650 millones de bolivianos, evidenciando una intensa actividad financiera en el cierre del ejercicio fiscal. Dentro de este gasto, la compra de combustibles representó uno de los rubros más significativos, con un desembolso de más de 4.000 millones de bolivianos durante el período analizado
