En un acto que marcó el inicio de su presidencia, Donald Trump firmó el lunes una serie de órdenes ejecutivas, entre las que se destaca la designación de los carteles de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Desde el Despacho Oval, el mandatario expresó que esta decisión era un reclamo popular que había persistido a lo largo de los años.
El documento, que ya está disponible en la página oficial de la Casa Blanca, argumenta que las actividades de estos grupos representan una amenaza no solo para la seguridad de los estadounidenses, sino también para la estabilidad internacional en la región. Además de los carteles mexicanos, la orden también incluye a otras organizaciones como el Tren de Aragua, originada en Venezuela, y la conocida Mara Salvatrucha o MS-13, que surgió en Los Ángeles en los años 80.
La inclusión de estos grupos en la lista de organizaciones terroristas se basa en una ley de 1996 que permite al gobierno estadounidense catalogar entidades extranjeras que participen en actos de terrorismo y que constituyan un peligro para la seguridad nacional. Actualmente, la lista está compuesta por 75 grupos, incluidos los yihadistas y organizaciones guerrilleras de América Latina.
Aunque la idea de clasificar a los carteles como terroristas ha estado en discusión durante años, ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, especialmente a raíz de la crisis de fentanilo que ha causado una alarmante cantidad de muertes en EE.UU. Los intentos de designar a los carteles como tales datan de 2011 y han sido impulsados por diversos eventos trágicos, como el asesinato de miembros de la familia LeBaron en México.
Sin embargo, la orden ejecutiva de Trump no convierte automáticamente a estos grupos en organizaciones terroristas. Esta designación debe ser confirmada por el Departamento de Estado, que evaluará si los grupos cumplen con los criterios establecidos. Este proceso puede ser largo y complejo, y es necesario que se realicen consultas con diversas agencias gubernamentales.
Si se logra la designación, las implicaciones serían principalmente financieras, permitiendo a EE.UU. bloquear activos y limitar el acceso al sistema financiero para aquellos relacionados con estas organizaciones. Aunque ya existen leyes que permiten perseguir a estos grupos, la nueva designación podría mejorar la capacidad del gobierno para actuar contra quienes les proporcionan apoyo.
Por otro lado, la posibilidad de que esta decisión conduzca a una intervención militar en México ha sido objeto de debate. Trump insinuó que podría ser una opción, aunque expertos advierten que la designación no facilita una acción militar directa. A pesar de que podría influir en la percepción política en Washington, no hay un marco legal que autorice tal intervención.
La reacción de México ha sido clara. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la necesidad de combatir a los carteles dentro del territorio mexicano, destacando la importancia de la cooperación bilateral. Los partidos de oposición también han manifestado su rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.
En este contexto, la presión sobre el gobierno mexicano para abordar el problema del narcotráfico de manera efectiva podría aumentar, especialmente mientras se libra una intensa lucha entre facciones del Cartel de Sinaloa en el norte del país. Las relaciones entre EE.UU. y México se encuentran en un momento delicado, no solo en cuestiones de seguridad, sino también en temas migratorios y comerciales, lo que podría complicar aún más la colaboración en la lucha contra el narcotráfico
