Las investigaciones en torno al denominado “caso maletas” derivaron en el allanamiento del inmueble donde vivía Rómer Saucedo cuando residía en Sucre, un procedimiento en el que la Policía y la Fiscalía secuestraron documentación que ahora será sometida a revisión. Entre los elementos incautados figuran cheques y cuentas del extranjero, según informó el fiscal general del Estado, José Armando Urioste.
Urioste explicó que el operativo se realizó en el domicilio que alquilaba el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y precisó que, por el momento, no se encontró material de mayor relevancia. “No se encontró nada de mucha relevancia. Unos cheques del extranjero y cuentas que se va a proceder a investigar si hay algo más de relevancia”, señaló.
El fiscal general también indicó que en el inmueble no se halló dinero en efectivo ni armas de fuego. La vivienda, ubicada en la zona de El Guereo de la ciudad de Sucre, quedó precintada tras el allanamiento.
En paralelo a estas actuaciones, se mantiene la expectativa sobre la situación de Saucedo dentro del TSJ. El miércoles 11 de noviembre vence el plazo para que se presente a cumplir sus funciones como presidente de esa instancia judicial. Si no lo hace, la Sala Plena convocará al día siguiente a una elección para designar a su reemplazo.
La decana y presidenta en ejercicio del TSJ, Rosmery Ruiz, recordó que la normativa establece seis días de ausencia injustificada para cualquier miembro del Órgano Judicial, y que, una vez cumplido ese plazo, corresponde activar el mecanismo de elección de una nueva autoridad. “El miércoles se cumple el plazo y el jueves, nosotros convocamos a Sala Plena”, explicó Ruiz.
Saucedo se declaró en el exilio y denunció persecución a través de sus redes sociales, donde sostuvo que se le sembrarían pruebas en su contra. Sin embargo, después de ese mensaje, la exdiputada Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos declararon en su contra y lo vincularon con las maletas “desaparecidas” que presuntamente contenían marihuana procesada y que habrían sido trasladadas desde Estados Unidos a Bolivia bajo la supuesta protección del entonces fiscal general Róger Mariaca.
