La Asamblea Legislativa se enfrenta a desafíos inmediatos y cruciales para la estabilidad del sistema electoral del país. Entre las tareas más apremiantes figuran la renovación de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la promulgación de la ley que permitirá la convocatoria a elecciones subnacionales. Observadores políticos subrayan la imperiosa necesidad de que la asamblea establezca con celeridad las presidencias de sus cámaras para abordar estas cuestiones fundamentales.
La realización de las elecciones subnacionales depende intrínsecamente de la designación de nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales. La falta de acción oportuna podría generar un dilema democrático: prorrogar los mandatos de alcaldes y gobernadores, una medida que carecería de legitimidad popular, o extender la permanencia de los actuales vocales del TSE, lo que podría interpretarse como una convalidación de prórrogas previas otorgadas por otras instancias constitucionales. El tiempo disponible para estas decisiones cruciales se agota rápidamente.
Los mandatos de seis de los siete actuales vocales electorales expiran el 19 de diciembre. Desde principios de noviembre, esto deja un margen de apenas 46 días para completar su reemplazo, lo que subraya la extrema estrechez del calendario. Adicionalmente, la ley para la convocatoria de las elecciones subnacionales debe ser aprobada y las elecciones llamadas a más tardar el 15 de noviembre. La confluencia de estos plazos exige una acción legislativa inmediata y coordinada.
En cuanto a la composición actual del TSE, el vocal Gustavo Ávila es el único que podría continuar en su cargo, habiendo jurado el 4 de abril de 2024, lo que significa que solo habría cumplido aproximadamente 18 meses de su mandato, significativamente menos que los seis años establecidos por la Constitución Política del Estado. Asimismo, el Presidente de la República tiene la facultad constitucional de designar a un delegado ante el TSE. Esta disposición garantiza que, una vez que cesen los mandatos de los otros seis vocales, el Tribunal no quedará sin representación, ya que el Jefe de Estado podrá nombrar a un miembro adicional para asegurar la continuidad de sus funciones
