Bolivia se ha convertido en los últimos años en un centro de operaciones para carteles de droga, una realidad que el Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido y que, según la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en el país, Mónica Mendoza, abre una oportunidad para reforzar y mejorar la lucha antinarcóticos.
En entrevista con EFE, Mendoza sostuvo que en territorio boliviano se ha detectado una expansión de organizaciones criminales extranjeras, entre ellas el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México, así como las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), además de grupos delictivos peruanos y colombianos. Esa presencia, dijo, se refleja en la cantidad de detenidos de esas nacionalidades en cárceles bolivianas y en su vinculación con mandos operativos de esas estructuras.
La representante de la Unodc advirtió también sobre un aumento significativo de los casos de sicariato o ajusticiamientos, hechos que, a su juicio, evidencian que estos grupos están enfrentados y disputan territorios. En los últimos meses, esos asesinatos por encargo se han vuelto recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, lo que llevó al Gobierno boliviano a desplegar al Ejército y a unidades de élite para reforzar la seguridad.
“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (…) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, señaló Mendoza.
Desde su perspectiva, Bolivia ya no puede ser observada únicamente como productora de materia prima o como un país de tránsito. El problema, afirmó, es mucho más complejo, porque en él confluyen delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, en una dinámica que comparó con un “holding” o consorcio empresarial del crimen.
A ese escenario se suma el crecimiento de los cultivos de hoja de coca. Según el último informe de la Unodc presentado en septiembre, la superficie sembrada aumentó un 7 %, al pasar de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025. Bolivia, donde la coca tiene un uso tradicional y ancestral, es el tercer productor mundial del arbusto, detrás de Colombia, que en 2024 registró 261.000 hectáreas, y de Perú, que en 2025 reportó 84.546 hectáreas, de acuerdo con los datos de la oficina de la ONU.
Mendoza también se refirió a la dimensión institucional del problema. Recordó que durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce las autoridades negaron la presencia de carteles o de grandes figuras del narcotráfico en Bolivia y atribuyeron las operaciones ilícitas a supuestos emisarios o clanes locales. En contraste, la administración de Paz, que está próxima a cumplir un año, reconoció la actuación del crimen organizado transnacional y ha defendido las acciones emprendidas para combatirlo, entre ellas capturas de figuras consideradas relevantes, como el uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado y enviado a Estados Unidos.
La representante de la Unodc insistió en que el narcotráfico en Bolivia no opera en niveles bajos, algo que, dijo, queda en evidencia en casos como el de Marset. A su juicio, su captura también marcó el fin de la llamada “narcopaz”, una especie de tregua en la que las organizaciones criminales conviven en calma al tener repartidas rutas, funciones y territorios, lo que genera ante la población la impresión de que el problema no existe.
Mendoza añadió que en Suramérica existe una política de expansión e infiltración del crimen organizado que ha penetrado algunas instituciones de la Justicia y se traduce en redes de corrupción destinadas a frenar la persecución del delito. Sus declaraciones se produjeron al ser consultada sobre la destitución y encarcelamiento del exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca, acusado por el Ejecutivo de proteger al narcoterrorismo.
En ese contexto, consideró que negar la infiltración institucional sería muy complejo, porque eso permitiría que el narcotráfico se instale en esas estructuras y luego sea muy difícil recuperarlas. También remarcó que combatir el narcotráfico a gran escala no es posible de manera unilateral ni solo bilateral, por lo que uno de los principales retos de Bolivia es construir una
