En el contexto del proceso de revisión de requisitos para los precandidatos de las organizaciones políticas, se ha desatado una serie de acciones legales dirigidas contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Estas acciones, que incluyen denuncias, acciones populares, recursos de libertad y acciones de amparo constitucional, buscan la anulación de la personalidad jurídica de al menos nueve agrupaciones políticas de alcance nacional. El fundamento general de estas impugnaciones radica en el presunto incumplimiento de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas por parte de dichas entidades. Desde el seno del propio TSE, se ha manifestado preocupación, advirtiendo sobre el riesgo que esta situación representa para la celebración de los próximos comicios.
Entre las organizaciones políticas mencionadas, solo el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Nueva Generación Patriótica (NGP) no figuran como blanco de estas impugnaciones. Las acciones legales presentadas apuntan específicamente contra Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), Unidad Nacional (UN), Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).
La distribución geográfica de estos recursos judiciales muestra que cuatro fueron iniciados en tribunales de Santa Cruz, dos en La Paz, uno en Beni y otro en El Alto. Adicionalmente, se han recibido denuncias directamente ante el TSE.
Una autoridad del órgano electoral, el vocal Tahuichi Tahuichi, ha expresado su inquietud, señalando que, de manera similar a lo ocurrido con las elecciones judiciales de 2024, el ente comicial está siendo objeto de lo que describió como un asedio judicial. Esta situación, a su juicio, compromete la realización de los procesos electorales previstos para el 17 de agosto. El vocal atribuyó la responsabilidad de este escenario de riesgo democrático a los miembros de la Asamblea Legislativa, muchos de ellos precandidatos, quienes, según su declaración, no han avanzado en la aprobación de una ley de preclusión que blinde los procesos electorales generales y subnacionales.
Mientras tanto, frente a la admisión de estas múltiples acciones judiciales dirigidas contra los vocales del TSE por diversas salas constitucionales, tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han mantenido silencio.
Entre los primeros recursos conocidos, presentados el 19 de mayo, se encuentran aquellos dirigidos contra el MTS, agrupación que lidera la Alianza Popular y postula a Andrónico Rodríguez, cuya candidatura se encuentra en suspenso. Las denuncias admitidas por el sistema judicial llegaron desde tribunales departamentales de Santa Cruz, La Paz y Beni. Si bien el recurso de Santa Cruz ya fue rechazado, salas constitucionales en La Paz y Beni tienen previsto definir la situación del MTS.
Otras organizaciones políticas también enfrentan desafíos legales. Un ciudadano de Santa Cruz, Humberto Vidaurre Castillo, de ocupación comerciante, presentó una Acción Popular en tribunales de justicia de esa ciudad contra todos los vocales del TSE. En este recurso, exige la anulación de la personalidad jurídica de siete partidos vigentes: ADN, MNR, PDC, UN, Demócratas, Súmate y Morena. Adicionalmente, solicita la nulidad del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y del Frente Para la Victoria (FPV), a pesar de que el TSE ya había anulado la personalidad jurídica de ambos a raíz de una denuncia previa presentada por Peter Erlwein Beckhauser, quien es identificado como candidato de la alianza Unidad. La Acción Popular de Vidaurre acusa a los partidos mencionados de incumplir la Ley 1096 y sostiene que los vocales del TSE habrían permitido estas vulneraciones. El recurso impugna la legalidad del desarrollo del Proceso Electoral de Comicios Generales programados para el 17 de agosto de 2025, el cual, según el documento, se inició el 3 de junio de 2025. Esta acción fue admitida en juzgados cruceños el 8 de mayo, fecha en la que también se fijó una audiencia virtual para el 23 de mayo a las 14:00. La notificación al TSE en La Paz se realizó el 21 de mayo.
Aparte de estas acciones judiciales, existen denuncias directas ante el TSE. Una de ellas fue presentada por el abogado del FPV, Wilmer Vásquez, contra Unidad Nacional (UN), liderada por Samuel Doria Medina. La denuncia acusa a UN de presuntos actos de racismo, lo cual, según el artículo 58, inciso H, de la Ley 1096, constituye una causal para la anulación de su personalidad jurídica. UN es la base de la alianza Unidad.
Otra denuncia directa ante el TSE afecta a Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Esta denuncia, presentada por la diputada Senaida Rojas, alega una supuesta falsificación de firmas en el informe económico presentado por UCS ante el órgano electoral y exige la anulación de este partido.
Ante estas acusaciones, los partidos Unidad Nacional y Súmate han manifestado su rechazo. UN ha calificado la situación como una judicialización de las elecciones impulsada por intereses oscuros, mientras que Súmate ha asegurado que todas sus acciones se ajustan a la legalidad
