La proximidad del 8 de noviembre marca el comienzo de un nuevo ciclo constitucional de cinco años, un periodo que impone a la Asamblea Legislativa, como primer Órgano del Estado, la tarea apremiante de organizar sus estructuras directivas y comisiones. Esta organización es crucial para abordar de inmediato la legislación necesaria que permita la convocatoria a elecciones subnacionales.
Dicha convocatoria debe ser emitida a más tardar el 15 de noviembre, con la expectativa de que los comicios se realicen entre el primer y segundo domingo de marzo del próximo año. Para normar este proceso, se ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, instando a los nuevos parlamentarios a su pronta aprobación.
Tradicionalmente, los legisladores entrantes suelen disponer de un par de semanas para establecerse en la ciudad de La Paz antes de iniciar sus sesiones formales. Sin embargo, el calendario actual no permite tal margen de tiempo. La inminencia del plazo del 15 de noviembre para la convocatoria electoral, sumado a la necesidad de posesionar a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de diciembre, exige una celeridad inusual en los procedimientos.
En este contexto de transición, la situación del vocal Gustavo Ávila en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presenta una particularidad. Designado el 4 de abril de 2024, su mandato no alcanzará los seis años reglamentarios, habiendo cumplido apenas un año y ocho meses en el cargo. Aunque podría permanecer al frente de la institución, su rol estaría limitado, sin capacidad para tomar decisiones sustanciales, hasta la posesión de los nuevos miembros.
La imperiosa necesidad de esta Ley de Convocatoria a Elecciones radica en que cinco de los nueve departamentos del país aún carecen de estatutos autonómicos aprobados, y numerosos municipios no disponen de sus respectivas cartas orgánicas. Esta legislación es, por tanto, indispensable para regular adecuadamente el proceso electoral en estas jurisdicciones
