Un reciente análisis de inteligencia ha instado al gobierno a implementar una estrategia de alerta máxima y reforzar las medidas preventivas en las regiones de Santa Cruz y Beni. Esta recomendación surge ante la creciente ola de violencia atribuida a dos poderosas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Estas estructuras, identificadas como una red transnacional liderada por el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, conocido como el Rey del Sur, y una organización de alcance nacional encabezada por Yasser Andrés Coco Vásquez Cardona, representan una amenaza inminente para la seguridad interna y regional. Ambas mantienen vínculos estratégicos con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, y su pugna por el control de rutas y territorios con otros grupos nacionales ha intensificado el conflicto.
La elaboración de este diagnóstico se produjo tras una serie de incidentes criminales que han exacerbado la percepción de inseguridad en el país, basándose en datos obtenidos mediante labores de inteligencia, incluyendo la infiltración de elementos en zonas estratégicas del oriente boliviano. Entre estos sucesos, destaca un video difundido el 16 de septiembre por un medio local de Santa Ana de Yacuma, Beni, en el cual Vásquez, a pesar de negar trece asesinatos por encargo atribuidos a su facción, confirmó su intención de permanecer en la clandestinidad y profirió amenazas directas contra el exfiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, y el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
Posteriormente, el 23 de octubre, un video que circuló ampliamente en redes sociales mostró a un grupo armado portando insignias del PCC. En esta grabación, individuos fuertemente armados respaldaron las amenazas proferidas por Marset contra Ivar García, alias El Colla. Días antes, García había afirmado que el ciudadano uruguayo residía en la exclusiva zona del Urubó, en Santa Cruz de la Sierra, bajo la protección de altos mandos policiales, y le imputó el secuestro de su expareja y su chofer, un suceso que, a pesar de la liberación de las víctimas, aún permanece sin esclarecer.
Un tercer incidente que marcó este periodo fue el trágico asesinato de Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón, Beni, Estela Rodríguez. La víctima falleció en la plaza principal de la localidad tras recibir veinticuatro impactos de bala, habiendo sobrevivido previamente a un atentado en abril de este mismo año en el Cambódromo, Santa Cruz.
Los hallazgos de inteligencia subrayan que la convergencia de las estructuras criminales lideradas por Marset y Vásquez con el PCC brasileño evidencia la existencia de un corredor transnacional de crimen organizado que se encuentra activo y en constante expansión. Ante esta compleja situación, se ha recomendado al Ejecutivo coordinar encuentros binacionales con Brasil e Interpol, priorizar las operaciones de captura de los cabecillas fuera de zonas de alto riesgo, colaborar con la Fiscalía General para la protección de testigos clave y declarar una alerta máxima en los departamentos de Beni y Santa Cruz.
Adicionalmente, se ha puesto de manifiesto la preocupación por la presunta infiltración de elementos en las fuerzas del orden. Diversos reportes sugieren que ambas organizaciones de narcotraficantes han accedido a información privilegiada sobre operativos en su contra o datos que facilitan la comisión de otros delitos conexos, como el tráfico de armas. Un caso reciente que ilustra esta problemática es el proceso judicial iniciado contra cuatro miembros de la Armada y dos de la Policía Boliviana, implicados en el asesinato por encargo de Édgar Dorado, conocido como El Jefe, perpetrado el 27 de julio en Santa Ana de Yacuma.
En relación con las actividades de sicariato, el grupo de Andrés Coco Vásquez ha sido vinculado con los servicios de los hermanos Oswaldo y Erick Hurtado Aguilera, a quienes se les atribuyen trece asesinatos por encargo. Las investigaciones también han revelado que, en el transcurso de 2025, al menos doce secuestros y ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico fueron perpetrados por clanes familiares en la región del Chapare, en Cochabamba
