Este viernes, Sucre será el escenario del Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, un evento que representa el punto de partida formal para la transformación del sistema judicial en Bolivia. La iniciativa, liderada por el Órgano Judicial, congregará a representantes de los cuatro poderes del Estado, universidades, colegios de abogados, organizaciones civiles y diplomáticos acreditados en el país.
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, confirmó su participación, junto con el vicepresidente Edmand Lara, así como delegados del Legislativo y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se estima que cerca de 500 personas asistirán a este encuentro, que se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC).
El diálogo se enfocará en cuatro áreas principales: la reforma normativa, el presupuesto del Órgano Judicial, la carrera judicial en Bolivia y el desarrollo tecnológico. Esta convocatoria se diferencia de procesos previos, ya que es impulsada directamente por el Órgano Judicial, en contraste con las reformas promovidas anteriormente desde el Ejecutivo.
Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), destacó la importancia de esta iniciativa y señaló que existe un ambiente propicio para avanzar en la reforma, gracias a la disposición tanto del Gobierno como del Legislativo. No obstante, aclaró que los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que continúan en funciones mediante prórrogas desde 2017 no fueron invitados y, en caso de asistir, se les solicitará retirarse. Solo están convocados los cuatro magistrados electos en diciembre de 2024, a la espera de que la Asamblea Legislativa programe las elecciones judiciales complementarias recomendadas por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.
Saucedo describió la justicia boliviana como una institución afectada por una crisis estructural, caracterizada por una sobrecarga de casos, falta de especialización y un presupuesto insuficiente. Explicó que muchos jueces deben atender simultáneamente múltiples materias, lo que dificulta prestar un servicio judicial adecuado. Para enfrentar estos desafíos, se propone la creación de más juzgados, la recuperación de la especialización y la mejora de la infraestructura y equipamiento judicial.
El financiamiento es un factor clave para el éxito de estas reformas. Actualmente, el presupuesto asignado al Órgano Judicial es de aproximadamente 1.100 millones de bolivianos anuales, lo que representa solo el 0,35% del Tesoro General de la Nación, muy por debajo del 5% considerado necesario para implementar cambios sustanciales. Saucedo puntualizó que en ocasiones ni siquiera se cuenta con recursos básicos como tóner o papel, lo que limita el funcionamiento del sistema judicial. Además, el 70% del presupuesto operativo proviene de ingresos propios generados por derechos reales y tasas administrativas.
Finalmente, la invitación al cuerpo diplomático busca abrir canales para obtener apoyo de la cooperación internacional, con el fin de fortalecer el proceso de reforma y garantizar una justicia más eficiente y accesible para la ciudadanía
