El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, ha cambiado su postura respecto al Ministerio de Justicia, pasando de proponer su cierre a reconocer su relevancia dentro del gabinete ministerial del actual gobierno. En una reciente conferencia de prensa, al ser consultado sobre la posibilidad de eliminar esta cartera, Lara aclaró que la decisión corresponde al presidente Rodrigo Paz, pero señaló que tras un proceso de reflexión comprendió la importancia de mantener el Ministerio de Justicia.
En la etapa previa a las elecciones, el binomio del PDC había planteado la eliminación de este ministerio, argumentando que su existencia interfería con la independencia judicial. Lara había expresado que no se podía hablar de autonomía de poderes mientras existieran ministros que influían en las decisiones judiciales. Por su parte, Rodrigo Paz calificó al Ministerio de Justicia como un “ministerio de persecución” y anunció su intención de cerrarlo, postura que inicialmente contó con el respaldo de su entonces candidato a vicepresidente.
No obstante, la designación de Freddy Vidovic, abogado personal de Lara, como titular de esta cartera, marcó un cambio significativo en la visión del vicepresidente. Durante la conferencia, Lara admitió que su postura anterior fue un error y enfatizó que mantener el Ministerio de Justicia resulta fundamental para el funcionamiento del Estado.
Este giro ha generado reacciones en el ámbito legislativo. Tomasa Yarhui, líder de la bancada en el Senado por la alianza Libre, instó al gobierno a ser coherente con las promesas de campaña, recordando que el presidente Paz se comprometió a eliminar esta cartera por su asociación con actos de corrupción y persecución. Asimismo, Rafael López, jefe de bancada de Libre en la Cámara de Diputados, exigió el cumplimiento de dicha promesa, señalando que el ministerio ha estado vinculado a prácticas de extorsión y que su mantenimiento representa un gasto innecesario en un contexto que demanda austeridad.
La controversia en torno al Ministerio de Justicia refleja las tensiones entre las propuestas electorales y las decisiones gubernamentales actuales, mientras sectores políticos y sociales demandan transparencia y coherencia en la gestión pública
