La reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) empieza a dejar el terreno exclusivamente legislativo para entrar en una etapa de consultas con universidades, especialistas e instituciones. Quienes impulsan el proceso ya preparan mesas de trabajo por áreas y anticipan que buscarán sumar al debate a constitucionalistas, entre ellos al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó que recibió una propuesta elaborada desde la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), de Santa Cruz, la cual aborda distintas áreas de una eventual reforma constitucional. A partir de ese encuentro, explicó, se acordó avanzar hacia una convocatoria más amplia al sistema universitario.
Ávila sostuvo que la participación de las universidades debe ser central en la discusión. Según dijo, ese aporte no tendría que limitarse a cambios vinculados con el propio sistema universitario, sino extenderse a temas como la reforma de la justicia, las autonomías y otros componentes de la Constitución.
La intención es instalar mesas organizadas por áreas temáticas. Por ahora no se anunciaron fechas ni la metodología con la que funcionarán esos espacios, aunque la propuesta apunta a recopilar y ordenar los distintos documentos que ya comienzan a llegar a la Asamblea Legislativa.
Este proceso se produce una semana después de que Ávila y el diputado Carlos Alarcón, de Unidad, presentaran ante el Senado un proyecto para activar una reforma parcial de la CPE. Esa iniciativa abrió formalmente el debate legislativo y actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. En las primeras conversaciones políticas se identificaron como áreas prioritarias la economía, la justicia y las autonomías.
En medio de la ampliación del debate también surgió una primera definición sobre sus límites. Ávila aseguró que existe coincidencia con los académicos que participaron del encuentro en que el capítulo referido a los derechos de las personas no debería incluirse entre los artículos que se pretende modificar.
“Hemos coincidido con ellos, por ejemplo, que el capítulo de derechos no se toca en la reforma constitucional. Eso es algo que la única forma de tocar es para profundizar derechos”, afirmó.
Esa definición tiene además un alcance jurídico. El artículo 411 de la Constitución establece que una reforma que afecte las bases fundamentales del Estado o los derechos, deberes y garantías debe realizarse mediante una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria. En cambio, para una reforma parcial la vía legislativa exige una ley aprobada por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea y luego un referéndum constitucional.
Mantener fuera del proyecto cualquier modificación que alcance el núcleo de derechos también permitiría preservar la ruta de una reforma parcial, que es el procedimiento que actualmente impulsan Ávila y Alarcón.
Ávila anunció además que se busca incorporar al proceso la experiencia de constitucionalistas y mencionó de manera específica al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
“Estamos viendo ya de organizar eso también con el apoyo de distintas personas e instituciones, entre ellos el grupo de notables constitucionalistas a la cabeza del expresidente Rodríguez Veltzé”, señaló.
Sin embargo, aclaró que todavía se intenta concretar un encuentro con el exmandatario para definir las líneas de trabajo. Por ahora, su incorporación formal al proceso no fue anunciada.
Rodríguez Veltzé ha participado en los últimos años en espacios académicos dedicados a discutir modificaciones a la Carta Magna. Este año coordinó, junto con Farit Rojas y José Luis Exeni, la publicación Razones públicas y cambio constitucional. 50 propuestas de reforma en Bolivia, que reúne planteamientos sobre posibles transformaciones constitucionales.
La Asamblea también comenzó a recibir propuestas sobre asuntos ambientales y otras materias. El siguiente paso, según Ávila, será ordenar esos aportes, establecer el procedimiento de las mesas y poner la información a disposición de quienes participen del debate.
“La idea es organizar toda la información, organizar el proceso y el procedimiento que seguiríamos para las distintas mesas y facilitar la información que nos está llegando como insumos para ese trabajo”, explicó.
Así, la reforma entra en una nueva fase. Tras el primer acuerdo político para activar su tratamiento en la Asamblea, ahora el desafío será definir qué sectores participarán, qué propuestas alcanzarán consenso y cuáles llegarán finalmente al texto que deberá reunir los dos tercios del Legislativo antes de ser sometido al voto ciudadano.
