El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, acudió este jueves por la tarde a dependencias del Departamento Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde fue convocado a declarar en calidad de investigado por la compra de cuatro hospitales móviles durante su gestión edil. La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada por la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, que plantea presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, en un caso en el que se habla de un supuesto sobreprecio de Bs 2,8 millones.
Fernández llegó acompañado de su equipo jurídico y, aunque decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio frente al fiscal asignado, entregó documentación de descargo antes de abandonar el lugar. Tras el acto procesal, el Ministerio Público dispuso su libertad. Según relató a su salida, el exburgomaestre aseguró que seguirá colaborando con el esclarecimiento de los hechos y negó haber cometido alguna acción delictiva.
Antes de ingresar a la audiencia informativa, Fernández defendió la legalidad del proceso de contratación y afirmó que toda la documentación fue presentada ante las autoridades. Sostuvo que la licitación fue pública, que participaron tres empresas y que el procedimiento contó con presupuesto, además de informes técnicos y jurídicos y las respectivas actas de entrega. En esa línea, cuestionó que se hable de sobreprecio sin considerar la complejidad del equipamiento adquirido. “No estamos hablando de un camión, estamos hablando de equipamiento”, dijo, al insistir en que cualquier evaluación sobre un eventual daño económico debe revisar el precio referencial, las propuestas, la calificación de ofertas y la recepción formal de los bienes.
El exalcalde también afirmó que los cuatro hospitales móviles fueron recibidos en agosto de 2024 y que desde entonces comenzaron a brindar atención médica a la población. De acuerdo con su versión, estas unidades han permitido realizar decenas de miles de atenciones y beneficiar a más de 12.000 personas mediante inmunización gratuita desde 2024.
En medio de las acusaciones y de los pedidos de detención preventiva impulsados por algunos concejales, Fernández rechazó que el caso tenga un trasfondo jurídico y lo atribuyó a una motivación política. “Es político, es político”, expresó, al tiempo de asegurar que su administración actuó dentro del marco legal del Decreto Supremo 181, que regula las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. También afirmó que cuenta con todos los respaldos y que mantiene su conciencia tranquila.
La exsecretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, también compareció en el mismo proceso como investigada y prestó su declaración informativa ante los investigadores.
