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En medio de las distintas propuestas que han surgido desde actores y fuerzas políticas para impulsar cambios en la Constitución Política del Estado (CPE), el exministro de Gobierno y excandidato presidencial Eduardo Del Castillo expresó este jueves sus observaciones y cuestionó ese tipo de planteamientos.

Del Castillo sostuvo que un proceso constituyente no puede activarse sin que antes exista un escenario destituyente. A su juicio, en el país no se presenta esa condición y, por tanto, no corresponde hablar de una transformación de ese alcance como si se tratara de una simple modificación técnica o administrativa.

“Para que ocurra un proceso constituyente previamente debe existir un proceso destituyente y eso no existe en nuestro país; esto no es un tema administrativo, no es venir a cambiar 101 reformas, así esto no funciona, no es momento de cambios administrativos”, afirmó.

La exautoridad explicó que, para que una reforma constitucional tenga lugar, deben producirse hechos sociales de suficiente magnitud como para que la población impulse la elaboración de un nuevo texto constitucional. En ese sentido, remarcó que este tipo de cambios no se resuelven con ajustes parciales ni con una lógica meramente administrativa.

Como ejemplo, Del Castillo recordó el proceso que dio lugar a la Constitución de 2009 y señaló que su vigencia estuvo precedida por una etapa de acumulación social y política. Mencionó que algunos académicos atribuyen ese contexto a la Guerra del Agua y otros a la Guerra del Gas de 2003, aunque insistió en que, en cualquier caso, se trató de un proceso previo que desembocó en la decisión popular de contar con un nuevo documento constitucional.

“Por ejemplo, la Constitución del 2009, para que esté vigente, hubo un proceso destituyente. Académicos dicen que fue por la Guerra del Agua, otros dicen que fue por la Guerra del Gas en 2003; hubo un proceso de acumulación hasta que el pueblo decidió por un nuevo documento. Por tanto, no se refiere a una reforma administrativa, tiene que haber un proceso destituyente para emerger a un proceso constituyente”, explicó.

Del Castillo también consideró que cualquier modificación a la Carta Magna debe nacer de un debate amplio y con participación social, tomando en cuenta las demandas y necesidades de la población. Según su criterio, una reforma de esa naturaleza no puede definirse únicamente desde acuerdos políticos o desde una revisión técnica del texto constitucional.

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