Dos sectores sociales anunciaron en Bolivia medidas de presión para esta semana en medio de un clima de creciente tensión social. Por un lado, el transporte libre se declaró en estado de emergencia y dio al Gobierno nacional un plazo de 48 horas para atender sus demandas. Por otro, los maestros urbanos convocaron a una marcha nacional para este martes 15 de septiembre, en rechazo a las políticas económicas, sociales y educativas del Ejecutivo.
La Confederación del Transporte Libre de Bolivia resolvió asumir esa medida durante su congreso nacional realizado en Sacaba, Cochabamba, donde sus dirigentes expusieron su preocupación por el desabastecimiento de diésel, la situación del dólar y el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno. El sector afirmó que la falta de combustible obligó a reducir hasta en un 50% la operatividad del transporte de carga e interdepartamental, una situación que, según señalaron, les genera pérdidas económicas y dificulta el cumplimiento de sus compromisos.
A ello se suma, de acuerdo con la dirigencia, que existen acuerdos pendientes con el Gobierno nacional, especialmente en lo referido al abastecimiento de hidrocarburos. Los transportistas también manifestaron su inquietud por un eventual retiro de la subvención a los carburantes, previsto en el marco de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional para los primeros meses de 2027.
En ese contexto, advirtieron que, si los combustibles llegan a precios internacionales, aplicarán un reajuste inmediato de las tarifas de pasajes en todas las modalidades de transporte a nivel nacional. Uno de sus dirigentes expresó su preocupación por el impacto de las medidas económicas en los sectores más vulnerables del país.
El sector dio al Ejecutivo un plazo de 48 horas para responder a un pliego de ocho demandas, entre ellas el mantenimiento urgente de las carreteras y la apertura del mercado del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Si no reciben soluciones concretas, anunciaron que activarán medidas de presión y un bloqueo masivo de carreteras en todo el país una vez concluya el estado de emergencia.
En paralelo, el magisterio urbano también definió salir a las calles. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia anunció una serie de movilizaciones luego de su Magna IV Conferencia Nacional Extraordinaria, en la que participaron sus 31 federaciones departamentales y regionales. Allí se ratificó una plataforma de lucha en defensa de la educación pública, fiscal, única y gratuita, además del respeto al Reglamento del Escalafón Nacional.
Entre sus principales exigencias figuran la institucionalización de los cargos administrativos, la aprobación de un plan nacional de emergencia económica y productiva con soberanía, el abastecimiento de carburantes y una lucha frontal contra la especulación, el acaparamiento y el mercado negro. El sector también demanda un incremento salarial y la recuperación del poder adquisitivo perdido por la inflación.
Los maestros urbanos además piden la abrogación de los decretos supremos 5676, 5563 y 5654, al considerar que profundizan la precarización y afectan los derechos de los trabajadores. La organización sindical cuestionó las políticas del Ejecutivo por descargar la crisis económica sobre los trabajadores y vulnerar las conquistas históricas del magisterio.
Como parte de su plan de movilizaciones, la CTEUB instruyó a sus 31 federaciones realizar una Gran Marcha Nacional de Cacerolas Vacías este martes 15 de septiembre, acompañada de un mitin de protesta. La medida busca expresar el rechazo al deterioro de la educación pública, la pérdida del poder adquisitivo, la precarización y las políticas económicas del Gobierno.
