A tres años de la muerte y posterior descuartizamiento de un oso andino o jucumari en Chuquisaca, el caso llegará este 16 de septiembre a la fase de juicio oral. La audiencia ha motivado a diversas organizaciones ambientales a convocar actividades públicas de acompañamiento y a exigir sanciones ejemplares contra los responsables, en un proceso que consideran emblemático por tratarse de una especie protegida y de una población descrita como frágil dentro del Área Protegida El Palmar.
Para los colectivos que siguen de cerca el caso, no se trata únicamente de la muerte de un animal silvestre, sino de la pérdida de un ejemplar de una especie emblemática de Bolivia en un territorio donde su presencia ha sido considerada reducida y vulnerable. La preocupación de los activistas se centra en el impacto que puede tener la desaparición de un solo individuo en una población pequeña, más aún cuando se trata de un área natural protegida.
Los hechos investigados se remontan al 30 de julio de 2023, en la comunidad de Rumi Cancha, ubicada en los límites y en colindancia con el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar, en Chuquisaca. Según los antecedentes del proceso, un grupo de pobladores habría perseguido al oso jucumari hasta obligarlo a salir de los límites del área protegida, donde fue acorralado con piedras, palos y perros. Fuera de su hábitat, el animal habría sido agredido de manera prolongada hasta morir por asfixia mecánica por ahorcamiento, además de sufrir politraumatismos y mordeduras.
La violencia no terminó con su muerte. De acuerdo con la investigación, el cuerpo del oso habría sido desmembrado y faenado posteriormente, y varias partes del animal, entre ellas extremidades, costillas, lomo y piel, fueron halladas en poder de los investigados.
Tres personas fueron identificadas como presuntos autores materiales y enfrentan actualmente el proceso penal. Se trata de Santos Yucra Zurita, encontrado en posesión de partes del cuerpo y de la soga utilizada; Francisco León Koanqui, hallado con extremidades, costillas y lomo; y Doroteo Flores Quispe, en poder de porciones del lomo y piel. Los acusados permanecen sin detención preventiva.
El juicio oral se desarrollará dentro de un proceso penal por Biocidio, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, además de Delitos Ambientales. Para las organizaciones que impulsan el seguimiento del caso, la relevancia del proceso va más allá del hecho puntual, porque involucra a una especie emblemática dentro de un área protegida y en un contexto de fragilidad poblacional.
En 2023, el biólogo Mauricio Peñaranda calificó el hecho como una “tragedia”, justamente por la situación vulnerable de los osos andinos en El Palmar. En declaraciones recogidas por Correo del Sur, señaló que se estimaba la existencia de entre 20 y 30 ejemplares en el área protegida, aunque aclaró que no había un registro exacto. La misma publicación añadió que, según el conocimiento citado por el especialista, en determinados territorios un macho puede cumplir un papel reproductivo particularmente importante para la población.
Desde esa perspectiva, la desaparición de un solo ejemplar adquiere una dimensión mayor cuando se trata de una población reducida. Las organizaciones defensoras de los animales y del medio ambiente insisten en que un eventual conflicto entre fauna silvestre y actividades productivas no autoriza a particulares a perseguir, torturar, matar o disponer de un animal por cuenta propia. Sostienen que, si un ejemplar ingresa a una zona productiva o genera un conflicto, deben activarse los mecanismos previstos por la normativa y las autoridades competentes.
También remarcan que la existencia de áreas protegidas exige medidas de prevención, manejo, denuncia y actuación institucional frente a los conflictos entre comunidades y fauna silvestre. En ese marco, rechazan que la justicia por mano propia se convierta en una forma de resolver estos casos, especialmente cuando involucran a una especie amenazada y protegida.
El proceso cuenta con respaldo técnico y científico, incluida prueba pericial especializada de profesionales del ámbito científico y veterinario, así como la participación de la investigadora de la Universidad de Oxford, Ximena Vélez Liendo. De acuerdo con los antecedentes fiscales, la conducta investigada podría adecuarse al delito de Biocidio previsto en el artículo
