La Gobernación de Tarija sostuvo que desde 2009 hasta la fecha ha destinado 1.800 millones de bolivianos a competencias que corresponden al gobierno nacional, una situación que, a criterio de sus autoridades, no puede prolongarse si se pretende avanzar hacia una verdadera autonomía en el país.
El director de Autonomía de la Gobernación, Esteban Ortuño Casón, afirmó que esos recursos fueron empleados en planes y programas ejecutados por leyes nacionales, pese a que debieron orientarse a competencias departamentales exclusivas. Según explicó, la carga de asumir obligaciones de otro nivel de gobierno ha limitado la capacidad financiera del departamento y debe corregirse.
Ortuño insistió en que cada instancia estatal debe hacerse cargo de sus propias competencias y que no resulta sostenible que un gobierno departamental cubra obligaciones de alcance nacional. En ese marco, señaló que la Gobernación considera imprescindible modificar alrededor de 25 leyes nacionales y decretos para evitar que esta situación continúe.
Como parte de ese propósito, la Gobernación de Tarija presentó un proyecto de ley para profundizar la autonomía departamental, aunque con recursos económicos, al considerar que un proceso de este tipo no puede desarrollarse sin el financiamiento correspondiente. Ortuño sostuvo que esa propuesta constituye la base para avanzar en la demanda planteada.
El tema fue abordado en una reunión técnica de representantes de ocho gobernaciones realizada en Tarija, donde se definieron acciones orientadas a profundizar la autonomía departamental. En ese encuentro, el asesor legal de la Gobernación, Ramiro Ugarte Wachtel, destacó la necesidad de que estas instituciones participen de los recursos de la coparticipación tributaria, al igual que municipios y universidades.
Ugarte cuestionó que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización haya distribuido recursos de la coparticipación a todos los niveles de gobierno, excepto a los departamentales. A su juicio, esa exclusión respondió a intereses políticos que deben ser corregidos con la voluntad de los gobernadores y del actual nivel central del Estado.
En cuanto al porcentaje que debería corresponder a las gobernaciones, Ugarte señaló que debería ser el 15% del total de la coparticipación que distribuye el gobierno, sin afectar el 25% que reciben municipios y universidades. Según dijo, ese nivel de recursos al menos permitiría a las gobernaciones sostenerse.
El asesor también remarcó que, con la Ley Marco de Autonomías, el nivel central dejó de lado a los gobiernos departamentales desde 2009, algo que consideró inconcebible. Añadió que ahora espera que las autoridades nacionales y departamentales pasen de los planteamientos a hechos concretos.
