En Bolivia se abre una semana clave para definir si el estado de excepción será ampliado o llegará a su fin este viernes 18 de septiembre, cuando se cumplan los 90 días calendario establecidos en el artículo 2 del Decreto Supremo 5636, emitido el 20 de junio de 2026.
La discusión se intensifica en medio de las advertencias de grupos radicales evistas, que anunciaron el retorno de las movilizaciones en el país bajo la amenaza de un “octubre negro”. Ese escenario ha profundizado las diferencias entre quienes consideran necesaria una prórroga de la medida y quienes la rechazan por sus efectos sobre la agenda legislativa.
Por un lado, varias voces del Órgano Ejecutivo se inclinan por extender el estado de excepción por otros 90 días. Esa posición cuenta además con el respaldo del bloque oficialista en la Asamblea Legislativa y de algunos sectores privados, que ven en la ampliación una respuesta frente al contexto de tensión política y social.
En la vereda opuesta, el partido opositor Libertad y Democracia (Libre) mantiene su rechazo tanto desde el Parlamento como desde la Gobernación de Santa Cruz. Su argumento central es que, si se prolonga esta medida extraordinaria, el Legislativo no podrá avanzar con la reforma constitucional que está en agenda.
Esa misma postura fue asumida por el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, quien en las últimas horas advirtió que, si se amplía el estado de excepción, no convocará a sesión para tratar las reformas parciales a la Constitución Política.
La normativa vigente establece con claridad qué se entiende por estado de excepción. El inciso a del artículo 6 de la Ley 1740 lo define como un régimen jurídico extraordinario y temporal dictado por la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de preservar el orden constitucional y la seguridad del Estado ante situaciones excepcionales de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.
También está definido el procedimiento para una eventual ampliación. El segundo párrafo del artículo 10 de la misma ley señala que, de forma excepcional, el plazo de 90 días puede extenderse previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante votación de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. La norma no exige dos tercios.
Desde Santa Cruz, el gobernador y vicepresidente de Libre, Juan Pablo Velasco, cuestionó la intención de prolongar la medida, que según dijo vence en cinco días. A su juicio, el estado de excepción no responde a la realidad que vive el país, marcado por bloqueos de caminos y protestas en varias ocasiones.
“¿De qué estado de excepción estamos hablando? El otro día tuvimos que ir a Yapacaní a evitar un bloqueo. Este estado de excepción no es real. Yo creo que no se debería ampliar porque necesitamos tratar la reforma parcial a la Constitución y no se puede hacer si hay un estado de excepción”, afirmó la autoridad departamental.
