Tarija no logró aprobar, dentro del plazo previsto, su Plan Operativo Anual 2027 (POA) debido al conflicto que persiste entre el Ejecutivo departamental y la mayoría de los legisladores de la alianza “Patria”. La falta de consenso volvió a evidenciar este lunes la crisis interna en la administración departamental, mientras oficialistas y opositores se responsabilizan mutuamente por el estancamiento del documento.
Desde la Gobernación, el secretario de Economía, Fernando Romero Torrejón, sostuvo que la demora representa una paralización para el desarrollo económico y social del departamento. En su criterio, el POA no corresponde ni a la Asamblea ni a la Gobernación, sino al conjunto de Tarija, por lo que pidió dejar de lado observaciones de forma y cuestionamientos que calificó de incoherentes. También cuestionó que algunos legisladores hayan recurrido a la Inteligencia Artificial para sustentar sus reparos, algo que, según dijo, no es un delito, aunque sí le parece poco serio.
Romero afirmó que la Gobernación respondió a las 21 observaciones planteadas por los asambleístas y que, entre los puntos pendientes, estaban las actas de socialización con algunos sectores, tal como fue solicitado por la bancada de “Patria”. Según explicó, esos documentos no habían sido presentados hasta ahora porque no constituían una condición indispensable. En ese marco, aseguró además que la Gobernación aceptó el POA de la Asamblea, que fue presentado sin aprobación del pleno y que pasó de 14 millones de bolivianos a 17 millones.
El secretario también instó a los legisladores a concentrarse en el trabajo por el desarrollo departamental y advirtió sobre lo que considera una intención política de “gobernar desde la Asamblea”, en alusión a declaraciones difundidas por esa bancada. Afirmó que existen observaciones que, a su juicio, no correspondían y que la discusión no debería derivar en un intento de manejo presupuestario de la Gobernación desde la instancia legislativa.
Consultado sobre el vencimiento del plazo para la aprobación del POA, Romero señaló que considera que el documento será incorporado en el POA nacional y que, en todo caso, la Gobernación realizará esa incorporación aunque no sea su responsabilidad directa. Frente a las críticas de los asambleístas, que cuestionaron la existencia de 20 millones de bolivianos sin explicación, respondió que esa versión es falsa y que esos recursos están destinados al fortalecimiento institucional.
Sobre ese punto, explicó que dentro del fortalecimiento institucional se contemplan 10 millones de bolivianos para seguros de los activos de la Gobernación, además de gastos en combustible, cuyo costo —dijo— es elevado y podría incrementarse aún más por la internacionalización de su precio. También mencionó gastos de funcionamiento y de escritorio, asegurando que todo está detallado por escrito y que no se trata de recursos para consultores en línea, como habrían señalado algunos legisladores. Romero pidió finalmente pensar en el departamento antes que en intereses sectoriales.
