A tres años de la muerte y posterior descuartizamiento de un oso andino o jucumari en Chuquisaca, el caso finalmente llegará a juicio oral este 16 de septiembre, en un proceso penal que ha generado la reacción de organizaciones ambientales y defensoras de los animales, que preparan actividades públicas para acompañar la audiencia y exigir sanciones ejemplares para los responsables.
Para estos colectivos, el hecho trasciende la muerte de un solo ejemplar. Sostienen que se trata de la pérdida de una especie emblemática de Bolivia dentro de un área protegida y en un territorio donde la población de oso andino ha sido descrita por especialistas como reducida y vulnerable. En ese contexto, advierten que la desaparición de un individuo puede tener un impacto grave en una población ya frágil, como la del Área Natural de Manejo Integrado El Palmar.
El proceso judicial se abrió por los delitos de Biocidio, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, y Delitos Ambientales. Las organizaciones que siguen el caso insisten en que no se trata de un episodio aislado ni de una simple reacción frente a un conflicto con fauna silvestre, sino de un hecho que afectó a una especie protegida en un espacio de alto valor ecológico.
Los antecedentes del caso se remontan al 30 de julio de 2023, en la comunidad de Rumi Cancha, ubicada en los límites y colindante con el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar, en Chuquisaca. Según la investigación, un grupo de pobladores habría perseguido a un oso jucumari hasta obligarlo a salir del área protegida, donde fue acorralado con piedras, palos y perros. Fuera de su hábitat, el animal fue sometido a una agresión prolongada que terminó con su muerte por asfixia mecánica por ahorcamiento, además de politraumatismos y mordeduras.
La violencia no terminó allí. De acuerdo con los antecedentes del proceso, el cuerpo del oso habría sido posteriormente desmembrado y faenado, y distintas partes, entre ellas extremidades, costillas, lomo y piel, fueron halladas en poder de los investigados.
Tres personas fueron identificadas como presuntos autores materiales y enfrentan el proceso penal: Santos Yucra Zurita, encontrado en posesión de partes del cuerpo y de la soga utilizada; Francisco León Koanqui, con extremidades, costillas y lomo; y Doroteo Flores Quispe, en posesión de porciones de lomo y piel. Los acusados se encuentran sin detención preventiva.
En 2023, el biólogo Mauricio Peñaranda calificó el hecho como una “tragedia”, justamente por la fragilidad de la población de osos andinos en El Palmar. En declaraciones recogidas por Correo del Sur, señaló que se estimaba la existencia de entre 20 y 30 ejemplares en el área protegida, aunque aclaró que no había entonces un registro exacto. La misma publicación recordó, además, que en determinados territorios un macho puede desempeñar un papel reproductivo especialmente importante para la población.
Esa condición refuerza, para los activistas, la idea de que la muerte de un solo ejemplar no puede minimizarse cuando se trata de una población pequeña y vulnerable. Por eso insisten en que el caso debe ser abordado con la máxima severidad judicial y con una lectura ambiental que vaya más allá del hecho puntual.
Las organizaciones también remarcan que un eventual conflicto entre fauna silvestre y actividades ganaderas no autoriza a particulares a perseguir, torturar, matar o disponer por cuenta propia de un animal silvestre. Señalan que, si un ejemplar ingresa a una zona productiva o genera un conflicto, deben activarse los mecanismos previstos por la normativa y las autoridades competentes. A su juicio, la existencia de áreas protegidas exige precisamente acciones de prevención, manejo, denuncia y respuesta institucional frente a este tipo de situaciones.
En esa línea, afirman que la justicia por mano propia no puede convertirse en una forma aceptable de resolver conflictos con la fauna silvestre, menos aún cuando se trata de una especie amenazada y protegida.
El caso cuenta además con respaldo técnico y científico, incluida prueba pericial especializada de profesionales del ámbito científico y veterinario, así como la participación de la investigadora de la Universidad de Oxford, Ximena Vélez Liendo. Según los antecedentes fiscales, la conducta investigada podría adecu
