El conflicto en torno al mercado campesino de Tarija volvió a quedar expuesto luego de que los carniceros, a través de su dirigente Omar Vaca Meriles, insistieran en que la solución de fondo pasa porque cada puesto y caseta comercial cuente con su propio medidor de electricidad. Según sostuvo, esa sería la única manera de evitar cobros centralizados y de que el pago llegue de forma directa a Setar.
Meriles, respaldado por sus bases, denunció nuevamente al CRAMA por la supuesta reventa de electricidad en el mercado campesino. Afirmó que el comité compra la energía por bloque y luego la cobra de manera individual a los vendedores, por lo que, a su criterio, estaría obteniendo un beneficio económico con esa operación.
El dirigente mostró documentos con los cobros realizados por el CRAMA, instancia en la que participa la Federación de Campesinos, organización que consiguió el terreno donde funciona el mercado mediante un comodato, al tratarse de un bien estatal. En ese contexto, negó que exista una deuda de su parte por consumo eléctrico o por la ocupación de un puesto, como habían señalado dirigentes campesinos la semana anterior.
También cuestionó que los documentos exhibidos por el CRAMA no corresponden a facturas oficiales de Setar. En ese sentido, recordó que la empresa eléctrica ya había admitido la semana pasada que la venta de energía al CRAMA se realiza por bloque y que, si se pretende instalar medidores individuales para cada caseta o vendedor, sería necesario elaborar previamente un estudio o proyecto.
Meriles además respondió a las declaraciones del dirigente campesino Herber Quispe Jurado, quien habría mencionado a su padre con un nombre equivocado. Calificó esa situación como una ofensa para su familia y precisó los nombres de sus progenitores, al considerar lamentable la desinformación.
Mientras tanto, los carniceros mantienen su postura de que el comodato otorgado a la Federación de Campesinos debe dejarse sin efecto. Argumentan que, bajo esa figura, se estaría lucrando con el CRAMA debido al volumen de dinero que se mueve por los cobros a los vendedores. Meriles señaló, además, que no fue notificado de ninguna denuncia legal y sostuvo que, por el contrario, serán ellos quienes acudan a la justicia para que se esclarezca quién tiene la razón y quién estaría obteniendo beneficios indebidos del mercado campesino.
