La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la madrugada del jueves 17 de septiembre la ampliación por 90 días del estado de excepción, en una sesión que estuvo marcada por tensiones, reclamos de procedimiento y una larga jornada de más de ocho horas sin un debate formal. La medida, que debía concluir este viernes, recibió el respaldo de 100 legisladores después de que el Gobierno expusiera un informe sobre los primeros 90 días de aplicación.
Hasta la sede legislativa llegaron el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, para presentar los resultados de la medida excepcional y sustentar la solicitud de prórroga. Oviedo defendió la necesidad de extenderla al señalar que durante los 53 días de bloqueos se registró la mayor pérdida económica del país, calculada en 56.000 dólares diarios, y afirmó además que el 43% de los hogares se vio obligado a endeudarse para cubrir necesidades básicas.
En su exposición, el ministro también sostuvo que 22 personas perdieron la vida, aunque aclaró que ninguna murió a manos de las Fuerzas Armadas ni de la Policía. Según detalló, en este periodo se realizaron 12.910 operativos a nivel nacional, 26.917 militares apoyaron a la Policía Boliviana, se movilizaron 22.267 transportes para labores logísticas, se ejecutaron 551 desbloqueos y se produjeron 20 arrestos o aprehensiones.
Oviedo argumentó que la ampliación buscaba resguardar la seguridad ciudadana y la estabilidad económica en un contexto que, según dijo, sigue presentando factores de riesgo. Para respaldar el pedido, mencionó ocho informes de la Policía Boliviana, dos del Ministerio de Gobierno, uno de las Fuerzas Armadas y otro del Ministerio de Defensa, en los que se identifican amenazas que permanecen vigentes, entre ellas movilizaciones y bloqueos focalizados, además de crimen organizado y narcotráfico.
“Señores diputados y senadores, con base a las razones expuestas se demuestra la necesidad y la proporcionalidad de la ampliación del estado de excepción. Pedimos respetuosamente que autoricen esta ampliación”, expresó el ministro ante la Asamblea.
Por su parte, el ministro de Defensa afirmó que Bolivia se encuentra hoy más tranquila que hace tres meses, aunque insistió en que todavía existen riesgos que deben ser considerados. También señaló que la conflictividad no es homogénea en todo el país y precisó que Santa Cruz presenta un nivel muy alto, mientras que en La Paz es alto.
Luego del informe, los asambleístas iniciaron la ronda de preguntas. En un principio se dispuso que solo dos representantes de cada bancada tomaran la palabra, pero los reclamos obligaron a ampliar la participación a todos los legisladores que solicitaron intervenir. La sesión se prolongó con una serie de intervenciones que, aunque debían centrarse en consultas a los ministros sobre la extensión del estado de excepción, fueron desviándose con el paso de las horas.
El presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, recordó en varias oportunidades que las intervenciones debían limitarse a preguntas y pidió a los legisladores ser breves. Sin embargo, sus llamados no fueron atendidos por varios de ellos, que hablaron durante varios minutos e incluso, en algunos casos, no formularon ninguna consulta.
La jornada también tuvo momentos de tensión, como el cruce entre la diputada Lissa Claros y el ministro Oviedo, quienes se acusaron mutuamente de faltar el respeto. Lara intervino en ese intercambio y exigió al ministro escuchar a todos los legisladores, además de pedir respeto para su persona y para la Asamblea Legislativa.
Durante el tratamiento del tema, tanto el vicepresidente como algunos legisladores remarcaron que este informe de rendición de cuentas y la discusión sobre la ampliación del estado de excepción no están contemplados en el reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que no existe un procedimiento específico para este tipo de sesiones.
Pese a esas observaciones y a los conflictos acumulados durante la jornada, los jefes de bancada resolvieron finalmente saltar la etapa de debate y pasar directamente a la votación. Allí, 100 legisladores respaldaron la ampliación del estado de excepción por 90 días más, consolidando así la medida en medio de una coyuntura económica y social que el Gobierno describió como crítica.