La reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) quedó desplazada hacia finales de 2027, mientras tanto se abrirá una etapa de trabajo orientada a construir consensos, pero sin entrar todavía en la redacción de cambios concretos. Así lo planteó el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, cuya propuesta recibió respaldo de diputados de Unidad y Libre.
Ávila sostuvo que no existe un retraso en el proceso, ya que —según explicó— en tres meses no estarían dadas las condiciones para convocar al referéndum, mecanismo que, en su criterio, sí permitiría concretar una modificación constitucional. En esa línea, afirmó que el calendario previsto permitiría desarrollar todo el proceso hasta fines de 2027 y llegar a una consulta entre septiembre y octubre del próximo año.
Las bancadas de Libre y Unidad habían impulsado una ruta distinta, al proponer que la reforma se active de inmediato bajo la aplicación estricta de la propia CPE, que impide iniciar este tipo de cambios mientras el país se encuentre en estado de excepción. Desde esa posición, los partidos opositores plantearon suspender las restricciones y comenzar cuanto antes el trabajo sobre las reformas.
Frente a esas observaciones, Ávila argumentó que, aunque la Constitución prohíbe avanzar formalmente en una reforma durante un estado de excepción, sí es posible desarrollar el trabajo preparatorio. En su criterio, ese proceso debe centrarse en la búsqueda de acuerdos y en la instalación de mesas de trabajo en distintas áreas, considerando que una reforma constitucional requiere un proceso largo y atravesado por consensos.
En la misma jornada, el presidente de la comisión de Constitución, Juan del Granado, precisó su postura y señaló que no es posible iniciar el trabajo de reforma mientras rija un estado de excepción. Recordó además que esa situación se extenderá hasta el 18 de diciembre, por lo que pidió al Gobierno reflexionar antes de solicitar la ampliación de esas medidas.
Del Granado explicó que la Constitución impide reformas constitucionales durante el período de excepción, lo que a su juicio limita el debate pleno y sostenido sobre asuntos de interés nacional. Sin embargo, aclaró que sí puede avanzarse en la socialización de los temas, aunque no en su aprobación formal.
